Una mirada reflexiva a la evolución del uso de la consulta popular minera en Colombia al 2024 y la tensión entre el principio de estado unitario y la autonomía territorial

Hasta el año 2018 la consulta popular tuvo un uso álgido en los municipios, sin embargo, aún presentaba para estos, falta de claridad y/o vacíos jurídicos entre la competencia de las entidades territoriales para prohibir proyectos minero-energéticos y la propiedad estatal de los minerales y el subsu...

Full description

Autores:
Martínez Pumarejo, Jorge Leonardo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26496
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26496
Palabra clave:
Consulta popular -- Participación ciudadana -- Colombia
Energía eléctrica -- Proyectos -- Colombia
Industria minera -- Participación ciudadana
Consulta popular
Estado unitario
Autonomía territorial
Explotación minera
Utilidad pública
Municipio
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:Hasta el año 2018 la consulta popular tuvo un uso álgido en los municipios, sin embargo, aún presentaba para estos, falta de claridad y/o vacíos jurídicos entre la competencia de las entidades territoriales para prohibir proyectos minero-energéticos y la propiedad estatal de los minerales y el subsuelo. Este conflicto entre los Entes territoriales que a través de prohibiciones en planes de ordenamiento territorial y a través de consultas populares, no tienen presente que la constitución establece al Estado cómo dueño del subsuelo y sus minerales, declarando la industria extractiva como de interés nacional. En Colombia, diferentes Municipios han obstaculizado el ingreso de compañías mineras a sus regiones, e incluso, organizaciones ambientales, presionan estas regiones para que promuevan la prohibición a través de las consultas populares y planes de ordenamiento territorial el desarrollo de proyectos mineros con el fin de preservar y conservar los recursos naturales de la zona. Muchos de los conflictos terminaron afectando derechos fundamentales, laborales, y colectivos.El principal problema que existe es que el Estado es dueño del subsuelo y los recursos naturales no renovables que existen allí, sin embargo, los municipios son los encargados de organizar todo lo que hay encima de él. Las entidades territoriales quieren prohibir la minería argumentando la autonomía consagrada por la constitución para preservación del medio ambiente y por diferentes incompatibilidades del modelo económico del sector, entre otras razones, sin embargo, el Estado manifiesta que él tiene plena potestad de decidir sobre el subsuelo, independientemente del pensamiento de las entidades territoriales, razón por la que se ha vivido una verdadera controversia que ha llegado a los diferentes escenarios legales como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.