Descifrando la naturaleza de la pérdida de investidura: entre el juicio político, disciplinario y el ius puniendi con identidad propia

La pérdida de investidura no es una institución del todo nueva en nuestra historia constitucional. De hecho, ya existía en el régimen de la Constitución de 1886, pese a que no estuviera claro su carácter sancionatorio. A grandes rasgos, y como se verá a continuación, se trata de un mecanismo que pre...

Full description

Autores:
Robledo Silva, Paula
Contreras Pantoja, Diego Felipe
Tipo de recurso:
Part of book
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26845
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26845
Palabra clave:
Juicio político - Colombia
Control político - Aspectos jurídicos - Colombia
Funcionarios públicos - Aspectos constitucionales - Colombia
Responsabilidad administrativa - Aspectos constitucionales - Colombia
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:La pérdida de investidura no es una institución del todo nueva en nuestra historia constitucional. De hecho, ya existía en el régimen de la Constitución de 1886, pese a que no estuviera claro su carácter sancionatorio. A grandes rasgos, y como se verá a continuación, se trata de un mecanismo que pretende resguardar la moralidad y la ética en el marco de la labor de los servidores públicos de elección popular. Este artículo estudia la pérdida de investidura como una manifestación del ius puniendi estatal, y para ese propósito destaca su naturaleza como un instrumento autónomo de control político y jurídico, que abarca tres dimensiones como proceso jurisdiccional, sancionatorio y público. Además, examina la compatibilidad de su autonomía con las restricciones de derechos políticos a la luz de los estándares internacionales, planteando un dilema aún sin resolver.