Convencionalidad: el poder disciplinario en jaque

El 28 de noviembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por violar los artículos 8 y 23 de la Convención (CADH), tras considerar la situación del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Para cumplir dicha condena, Colombia ha intentado diferentes opciones que p...

Full description

Autores:
Ospina Garzón, Andrés Fernando
Tipo de recurso:
Part of book
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26850
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26850
Palabra clave:
Sanciones administrativas - Aspectos constitucionales - Colombia
Procedimiento administrativo - Aspectos jurídicos - Colombia
Proceso disciplinario - Aspectos jurídicos - Colombia
Funcionarios públicos - Aspectos constitucionales - Colombia
Derechos políticos - Colombia
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Convencionalidad
Gustavo Petro
Elegidos por voto popular
Procuraduría General de la Nación
Sanción disciplinaria
Inhabilitación
Derechos políticos
Derecho administrativo sancionatorio
Derecho administrativo sancionador
Corte Interamericana de Derechos Humanos
CteIDH
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:El 28 de noviembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por violar los artículos 8 y 23 de la Convención (CADH), tras considerar la situación del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Para cumplir dicha condena, Colombia ha intentado diferentes opciones que pretendían conservar el poder de sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, respecto de los elegidos por voto popular. Este artículo pretende encontrar las causas de la condena y sostiene la tesis de que la Constituyente de 1991 desnaturalizó el poder disciplinario al convertir en disciplinables a los servidores públicos elegidos por votación popular, algo exótico en el plano internacional. Por ello, se pretende demostrar que, este tipo de servidores públicos, solamente deberían ser objeto de controles democráticos y de la responsabilidad penal de cualquier servidor público.