Análisis de la aplicabilidad y cumplimiento del Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018) en los entes territoriales pertenecientes a la región de los Llanos Orientales
El ejercicio de la participación política al interior del Estado colombiano, enmarca consigo una serie de retos, desafíos y garantías que se deben brindar a sus participantes, entre las cuales se resalta por las diversas dificultades que han presentado al momento de su materialización, el derecho a...
- Autores:
-
Bocanegra Romero, Cesar Augusto
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26856
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26856
- Palabra clave:
- Oposición política – Aspectos constitucionales -- Colombia
Participación política – Aspectos constitucionales -- Colombia
Garantías constitucionales -- Colombia -- 1991
Oposición política
Libertad de expresión
Participación democrática
Derecho a manifestarse
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | El ejercicio de la participación política al interior del Estado colombiano, enmarca consigo una serie de retos, desafíos y garantías que se deben brindar a sus participantes, entre las cuales se resalta por las diversas dificultades que han presentado al momento de su materialización, el derecho a la oposición política, puesto que pese a considerarse dentro del texto constitucional de 1991, tanto una garantía fundamental como un pilar estructural dentro del funcionamiento del sistema democrático, en el transcurso de la historia colombiana, ha sido uno de los derechos más vulnerados y olvidados por parte del Estado. Siendo solo recordado tras la firma de los acuerdos celebrados en la Habana y la posterior expedición de la Ley 1909 de 2018 o mejor conocida como el Estatuto de la oposición, dado que en esta legislación se compromete al Estado a brindar las debidas garantías y salvaguardar los derechos de las organizaciones políticas que se encuentren en oposición al gobierno a nivel nacional y territorial. |
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