La criminalización de la contratación estatal: análisis de la necesidad de responsabilidad penal en la actividad contractual pública

La finalidad del ordenamiento jurídico es, indudablemente, permitir la vida en sociedad a partir de la protección de derechos y el castigo de comportamientos, mediante la estructuración de supuestos de hecho y consecuencias jurídicas en normas, de manera que se influya en el comportamiento de los as...

Full description

Autores:
Caldas Botero, Luisa Fernanda
Safar Díaz, Mónica Sofía
Tipo de recurso:
Part of book
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26935
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26935
Palabra clave:
Delitos contra la administración pública - Colombia
Contratos públicos - Colombia
Responsabilidad contractual - Colombia
Responsabilidad penal - Colombia
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
ODS 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
Contratación estatal
Derecho penal
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:La finalidad del ordenamiento jurídico es, indudablemente, permitir la vida en sociedad a partir de la protección de derechos y el castigo de comportamientos, mediante la estructuración de supuestos de hecho y consecuencias jurídicas en normas, de manera que se influya en el comportamiento de los asociados, para lo cual resulta esencial contar con un sistema de responsabilidad, personal y patrimonial, claramente definido. Entonces, las normas jurídicas se justifican por el efecto que tienen sobre la vida de las personas y su conducta, de modo que, para que sean eficientes y se logre la finalidad última del sistema jurídico, deben diseñarse pensando en que su finalidad solamente se logrará si en su estructuración se entiende correctamente a sus destinatarios; por lo tanto, los supuestos de hecho que se quiere alentar o evitar en los ciudadanos deben ser lo suficientemente claros y las consecuencias positivas o negativas deben ser lo suficientemente motivantes o disuasorias de las conductas, a lo que se suma que la probabilidad para el destinatario de ser detectado incurriendo en el comportamiento debe tener un nivel de credibilidad suficiente para que se genere el escenario en el que se prefiera el cumplimiento de la norma a su incumplimiento, produciendo, en consecuencia, maximización del bienestar social.