Del campo al derecho: crisis arrocera y protección constitucional

El propósito de esta investigación fue comprender cómo los derechos constitucionales de los campesinos en Puerto Santander realmente se aplican en la práctica ante la crisis arrocera. El objetivo central consistió en analizar la efectividad de las garantías legales respecto al trabajo digno, al míni...

Full description

Autores:
Orduz Landinez, José Javier
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad Simón Bolívar
Repositorio:
Repositorio Digital USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bonga.unisimon.edu.co:20.500.12442/17227
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12442/17227
Palabra clave:
Derechos campesinos
Arroz
Calidad
Regulación
Concentración de mercado
Peasant rights
Rice
Quality
Regulation
Market concentration
Rights
embargoedAccess
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Description
Summary:El propósito de esta investigación fue comprender cómo los derechos constitucionales de los campesinos en Puerto Santander realmente se aplican en la práctica ante la crisis arrocera. El objetivo central consistió en analizar la efectividad de las garantías legales respecto al trabajo digno, al mínimo vital y a la libre determinación del valor de la producción, frente a la actuación de los molinos, las importaciones y la aplicación de criterios de calidad. Para lograrlo, se utilizó un enfoque metodológico mixto, combinando el análisis de normatividad, sentencias y resoluciones con el contraste de datos económicos y entrevistas a actores del sector. El resultado más importante comprobó que, pese a los avances constitucionales y normativos, los molinos imponen criterios técnicos subjetivos para rechazar arroz local por “grano partido” o “calidad deficiente”, valoran de manera inferior el producto regional y, simultáneamente, privilegian arroz importado, neutralizando las protecciones formales. La conclusión principal es que la brecha entre la proclamación legal de derechos y su ejercicio efectivo persiste mientras no existan mecanismos concretos de regulación, transparencia y defensa para los pequeños productores, por lo que proteger al campesinado implica superar la regulación simbólica y fortalecer instrumentos técnicos e institucionales reales.