Elección del procurador general de la nación en la constitución de 1991 vs principio de imparcialidad y moralidad administrativa.

La actual forma de elección del Procurador General de la Nación, quien es elegido por el Senado, de una terna integrada por candidatos del Presidente de la Republica, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, teniendo dentro de sus funciones la de investigar, sancionar, intervenir y preve...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/15860
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/15860
Palabra clave:
Reforma
Procuraduría
elección
imparcialidad
moralidad administrativa
sufragio
democracia
DERECHO ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIOS PUBLICOS
DEMOCRACIA
Reform
Attorney
choice
fairness
administrative morality
suffrage
democracy
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:La actual forma de elección del Procurador General de la Nación, quien es elegido por el Senado, de una terna integrada por candidatos del Presidente de la Republica, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, teniendo dentro de sus funciones la de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas, debe someterse a una reforma constitucional donde su elección sea a través del mecanismo de participación ciudadana como lo es el sufragio y que sean los ciudadanos como constituyente primario, quienes elijan a la persona que tiene la potestad de defender los intereses de la sociedad , vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes y proteger los derechos humanos, asegurando su efectividad y más aún vigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas garantizando así los principios de moralidad Administrativa e imparcialidad como instituciones innovadoras que permiten el buen desarrollo del Estado social y democrático de derecho, liberándolo de prácticas clientelistas que afectan la legitimidad de las instituciones, asentando la forma más correcta y eficaz de dar cumplimiento a los fines Estatales.