La acción de tutela, la acción popular y las medidas cautelares en el procedimiento de contratación pública en Colombia: un paralelo entre las jurisdicciones contenciosa administrativa y constitucional
El procedimiento de contratación pública es un mecanismo que desde su creación ha venido evolucionando como una actuación del Estado mediante el cual satisface los fines esenciales del conglomerado, de acuerdo al mandato de la Constitución Política de nuestro país. Dicho mecanismo posee una regulaci...
- Autores:
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- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
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- Procedimiento de Contratación Pública
Medidas Cautelares
Protección Efectiva de Derechos
Actos administrativos
ACCIONES POPULARES
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El procedimiento de contratación pública es un mecanismo que desde su creación ha venido evolucionando como una actuación del Estado mediante el cual satisface los fines esenciales del conglomerado, de acuerdo al mandato de la Constitución Política de nuestro país. Dicho mecanismo posee una regulación y un procedimiento que busca garantizar que durante su desarrollo no le sea dable a la administración violentar los derechos de los terceros que coadyuvan en el cumplimiento de los fines, así como salvaguardar el interés general, mediante la aplicación de los principios de publicidad y transparencia. En la actualidad, aunque la actuación del Estado en este campo se encuentra al amparo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para el control de sus actuaciones, se evidencia la utilización de acciones constitucionales como la tutela o la acción popular para controvertir los actos administrativos emanados en el marco del procedimiento de contratación, generando medidas cautelares que restringen el normal desarrollo de las actuaciones de la administración. |
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Acosta, L., Medina, R. (2015). La acción popular y la nulidad de los actos administrativos expedidos en los procesos de contratación pública. Revista de derecho Público (34), doi: http://dx.doi.org/10.15425/redepub.34.2015.24 Álvarez, M., Pérez, D. (2006). La acción popular: avances y retrocesos frente a los contratos estatales que vulneren derechos colectivos. Revista Jurídica Pielagus. 5, doi: http://dx.doi.org/10.25054/16576799.574 Arias, F. (2013). Estudios de Derecho Procesal Administrativo. Colombia: Universidad Santo Tomás. Berrocal, L. (2009). Manual del Acto Administrativo. Colombia: Librería Ediciones del Profesional LTDA. Ámbito Jurídico Legis, extraído 9 de abril de 2018, desde http://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativo-y-contratacion/todo-lo-que-debe-saber-sobre-medidas. Camargo, P. (2012). Acciones Constitucionales y Contencioso Administrativas. Colombia: Leyer Colombia. Acuerdo 23 de 1929. Sobre creación de la Contraloría municipal y organización de la contabilidad del Municipio. Septiembre 11 de 1929. Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Octubre 28 de 1993. D.O núm. 41094. Colombia. Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Agosto 5 de 1998. D.O núm. 43357 Colombia. Decreto Nacional 267 de 2000. Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. Febrero 22 de 2000. D.O núm. 43905 Colombia. Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Noviembre 18 de 2003. D.O núm. 45376 Colombia. Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Julio 16 de 2007. D.O núm. 46691 Colombia. Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Enero 18 de 2011. D.O núm. 47956 Colombia. Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Julio 12 de 2011. D.O núm. 48128 Colombia. Decreto Nacional 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”. Mayo 26 de 2015. D.O núm. 49.523 Consejo de Estado de Colombia. Expediente 6802 de 1991. (C.P: Juan de Dios Montes Hernández; Agosto 1 de 1991). Consejo de Estado de Colombia. Radicación 16650 de 1999 (C.P: Ricardo Hoyos Duque; Junio 25 de 1999) Consejo de Estado de Colombia. Expediente AP-013 (C.P: Carlos Arturo Orjuela Góngora; Febrero 17 de 2000). Consejo de Estado de Colombia. Expediente AP-025 (C.P: Carlos Arturo Orjuela Góngora; Marzo 23 de 2000) Consejo de Estado de Colombia. Expediente AP-026 (C.P: Julio E. Correa Restrepo; Abril 7 de 2000). Consejo de Estado de Colombia. Expediente 17001-23-31-000-2000-0981-01 (AP-114) (C.P: Tarsicio Cáceres Toro; Julio 12 de 2001). Consejo de Estado de Colombia. Radicación 70001-23-31-000-2004-0118-01(AP) (C.P: María Elena Giraldo Gómez; Agosto 5 de 2004). Consejo de Estado de Colombia. Radicado AP 25000-23-25-000-2005-00355-01 (C.P: Enrique Gil Botero; Febrero 21 de 2007). Aclaración de voto de la consejera Ruth Stella Correa Consejo de Estado de Colombia. Sentencia 68001-23-31-000-2012-00104-01(AP)A (C.P: María Claudia Rojas Lasso; Mayo 2 de 2013) Consejo de Estado de Colombia. Radicación 54001-23-33-000-2012-00131-01 (AP) (C.P: Marta Nubia Velásquez Rico; Marzo 10 de 2016) Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 1992 (M.P: José Gregorio Hernández Galindo; Octubre 1 de 1992) Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-060 de 1996 (M.P: Antonio Barrera Carbonell; Febrero 15 de 1996). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-379 de 2004 (M.P: Alfredo Beltrán Sierra; Abril 27 de 2004). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-713 de 2006 (M.P: Rodrigo Escobar Gil; Agosto 23 de 2006). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-932 de 2007 (M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra; Noviembre 8 de 2007). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-713 de 2009 (M.P: María Victoria Calle Correa; Octubre 7 de 2009). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-284 de 2014 (M.P: María Victoria Calle Correa; Mayo 15 de 2014). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-772 de 2014 (M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Octubre 16 de 2014) Contraloría General de la República. (n.d.). Misión, visión ¿Qué es la Contraloría General de la República. Extraído Noviembre 8, 2017, desde https:/www.contraloria.gov.co/contraloria/la-entidad Güechá, C. (2015). Contratos Administrativos. Control de legalidad en el procedimiento de contratación. Bogotá, Colombia: Ibañez Henao, J. (2003). Derecho procesal Constitucional, Protección de los derechos constitucionales. Bogotá, Colombia: Editorial Temis Matallana, E. (2009). Manual de Contratación de la Administración Pública. Reforma de la Ley 80 de 1993. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia Sánchez, M. (2011). La metodología en la investigación jurídica: características peculiares y pautas generales para investigar en el derecho. Revista Telemática de Filosofía del Derecho.14, 317-358 Solano, J. (2016). Medios de Control Contencioso-Administrativo. Bogotá, Colombia: Ediciones Doctrina y Ley |
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Silva, JohnLuisa GarcíaGonzález Ramírez, Cirocgoram79@gmail.comMagíster en Derecho AdministrativoMáster en Derecho AdministrativoCalle 1002018-09-18T17:10:45Z2019-12-26T22:54:24Z2018-09-18T17:10:45Z2019-12-26T22:54:24Z2018-06-22http://hdl.handle.net/10654/17812El procedimiento de contratación pública es un mecanismo que desde su creación ha venido evolucionando como una actuación del Estado mediante el cual satisface los fines esenciales del conglomerado, de acuerdo al mandato de la Constitución Política de nuestro país. Dicho mecanismo posee una regulación y un procedimiento que busca garantizar que durante su desarrollo no le sea dable a la administración violentar los derechos de los terceros que coadyuvan en el cumplimiento de los fines, así como salvaguardar el interés general, mediante la aplicación de los principios de publicidad y transparencia. En la actualidad, aunque la actuación del Estado en este campo se encuentra al amparo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para el control de sus actuaciones, se evidencia la utilización de acciones constitucionales como la tutela o la acción popular para controvertir los actos administrativos emanados en el marco del procedimiento de contratación, generando medidas cautelares que restringen el normal desarrollo de las actuaciones de la administración.Tabla de contenido Introducción 1 Problema de investigación 3 Hipótesis 3 Objetivos 4 Diseño Metodológico 5 Marco Teórico de la Investigación 6 Finalidad de la contratación pública 9 Aspectos básicos de la Contratación Pública 10 Etapas del procedimiento de contratación 12 Controles administrativos de la contratación pública 13 Actos administrativos susceptibles de control judicial en el ámbito contractual 15 Protección de derechos en materia constitucional y administrativa 19 Generalidades de las Acciones Constitucionales como medio de control en los procesos de contratación pública 21 Acción popular y su injerencia en el procedimiento de contratación pública. 22 La acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales en la contratación pública 34 Medios de control de la jurisdicción contencioso administrativa, aplicables a los procedimientos de contratación pública. 43 Medidas cautelares en acciones constitucionales 44 Posturas de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa y Constitucional en relación con el decreto las medidas cautelares ordenadas en acciones constitucionales, contra actos administrativos generados en la actividad contractual del Estado 50 Qué otorgan las Medidas Cautelares en las acciones de Tutela y Popular vs. Lo establecido en el CPACA? 54 Cuatro momentos clave para el Consejo de Estado en lo que se refiere al estudio de legalidad de actos administrativos, mediante la Acción Popular 56 Conclusiones 58 Referencias 63Public contracting procedure is a mechanism, which has been evolving from its creation, as a mean of action of the State, in order to satisfy the essential rights of the citizens according to the Colombian Constitution mandates. This mechanism counts on a regulation and a procedure which is devoted to guarantee, that during its development, the State don’t violate the rights of their partners (contractors) who contribute by carrying out the mandates, as well as to safeguard the common interest, through the application of advertising and transparency principles. Nowadays, although the action of the State at this field is under the protection of the Contentious-administrative Jurisdiction with regards to take control over its actions, there are evidences about the application of legal actions derived from Constitution, such as those which are related to the protection of fundamental rights oriented to controvert the administrative actions resulting from the contracting procedure, causing precautionary measures that restrict the normal development of the actions of the administration.pdfapplication/pdfspaspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de DerechoMaestría en Derecho AdministrativoDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Procedimiento de Contratación PúblicaMedidas CautelaresProtección Efectiva de DerechosActos administrativosACCIONES POPULARESACCION DE TUTELACONTRATOS PUBLICOSPublic contracting procedurePrecautionary measuresEffectiveness of rights protectionAdministrative ActsLa acción de tutela, la acción popular y las medidas cautelares en el procedimiento de contratación pública en Colombia: un paralelo entre las jurisdicciones contenciosa administrativa y constitucionalActions derived from constitution and the precautionary measures in the procedure of public procurement in Colombia: a parallel between the jurisdictions contentious administrative and constitutionalinfo:eu-repo/semantics/articleMasterinfo:eu-repo/semantics/articleTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Acosta, L., Medina, R. (2015). La acción popular y la nulidad de los actos administrativos expedidos en los procesos de contratación pública. Revista de derecho Público (34), doi: http://dx.doi.org/10.15425/redepub.34.2015.24Álvarez, M., Pérez, D. (2006). La acción popular: avances y retrocesos frente a los contratos estatales que vulneren derechos colectivos. Revista Jurídica Pielagus. 5, doi: http://dx.doi.org/10.25054/16576799.574Arias, F. (2013). Estudios de Derecho Procesal Administrativo. Colombia: Universidad Santo Tomás.Berrocal, L. (2009). Manual del Acto Administrativo. Colombia: Librería Ediciones del Profesional LTDA.Ámbito Jurídico Legis, extraído 9 de abril de 2018, desde http://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativo-y-contratacion/todo-lo-que-debe-saber-sobre-medidas.Camargo, P. (2012). Acciones Constitucionales y Contencioso Administrativas. Colombia: LeyerColombia. Acuerdo 23 de 1929. Sobre creación de la Contraloría municipal y organización de la contabilidad del Municipio. Septiembre 11 de 1929.Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Octubre 28 de 1993. D.O núm. 41094.Colombia. Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Agosto 5 de 1998. D.O núm. 43357Colombia. Decreto Nacional 267 de 2000. Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. Febrero 22 de 2000. D.O núm. 43905Colombia. Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Noviembre 18 de 2003. D.O núm. 45376Colombia. Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Julio 16 de 2007. D.O núm. 46691Colombia. Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Enero 18 de 2011. D.O núm. 47956Colombia. Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Julio 12 de 2011. D.O núm. 48128Colombia. Decreto Nacional 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”. Mayo 26 de 2015. D.O núm. 49.523Consejo de Estado de Colombia. Expediente 6802 de 1991. (C.P: Juan de Dios Montes Hernández; Agosto 1 de 1991).Consejo de Estado de Colombia. Radicación 16650 de 1999 (C.P: Ricardo Hoyos Duque; Junio 25 de 1999)Consejo de Estado de Colombia. Expediente AP-013 (C.P: Carlos Arturo Orjuela Góngora; Febrero 17 de 2000).Consejo de Estado de Colombia. Expediente AP-025 (C.P: Carlos Arturo Orjuela Góngora; Marzo 23 de 2000)Consejo de Estado de Colombia. Expediente AP-026 (C.P: Julio E. Correa Restrepo; Abril 7 de 2000).Consejo de Estado de Colombia. Expediente 17001-23-31-000-2000-0981-01 (AP-114) (C.P: Tarsicio Cáceres Toro; Julio 12 de 2001).Consejo de Estado de Colombia. Radicación 70001-23-31-000-2004-0118-01(AP) (C.P: María Elena Giraldo Gómez; Agosto 5 de 2004).Consejo de Estado de Colombia. Radicado AP 25000-23-25-000-2005-00355-01 (C.P: Enrique Gil Botero; Febrero 21 de 2007). Aclaración de voto de la consejera Ruth Stella CorreaConsejo de Estado de Colombia. Sentencia 68001-23-31-000-2012-00104-01(AP)A (C.P: María Claudia Rojas Lasso; Mayo 2 de 2013)Consejo de Estado de Colombia. Radicación 54001-23-33-000-2012-00131-01 (AP) (C.P: Marta Nubia Velásquez Rico; Marzo 10 de 2016)Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 1992 (M.P: José Gregorio Hernández Galindo; Octubre 1 de 1992)Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-060 de 1996 (M.P: Antonio Barrera Carbonell; Febrero 15 de 1996).Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-379 de 2004 (M.P: Alfredo Beltrán Sierra; Abril 27 de 2004).Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-713 de 2006 (M.P: Rodrigo Escobar Gil; Agosto 23 de 2006).Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-932 de 2007 (M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra; Noviembre 8 de 2007).Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-713 de 2009 (M.P: María Victoria Calle Correa; Octubre 7 de 2009).Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-284 de 2014 (M.P: María Victoria Calle Correa; Mayo 15 de 2014).Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-772 de 2014 (M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Octubre 16 de 2014)Contraloría General de la República. (n.d.). Misión, visión ¿Qué es la Contraloría General de la República. Extraído Noviembre 8, 2017, desde https:/www.contraloria.gov.co/contraloria/la-entidadGüechá, C. (2015). Contratos Administrativos. Control de legalidad en el procedimiento de contratación. Bogotá, Colombia: IbañezHenao, J. (2003). Derecho procesal Constitucional, Protección de los derechos constitucionales. Bogotá, Colombia: Editorial TemisMatallana, E. (2009). Manual de Contratación de la Administración Pública. Reforma de la Ley 80 de 1993. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de ColombiaSánchez, M. (2011). La metodología en la investigación jurídica: características peculiares y pautas generales para investigar en el derecho. Revista Telemática de Filosofía del Derecho.14, 317-358Solano, J. (2016). Medios de Control Contencioso-Administrativo. 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