La acción de grupo para reclamar perjuicios derivados de actos administrativos de contenido general, una mirada a la luz del derecho constitucional
RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo general examinar la procedibilidad de la acción de grupo para reclamar perjuicios derivados de actos administrativos de carácter general, expedidos por los diversos entes que conforman el Estado. Lo anterior, desde una mirada constitucional enfocado e...
- Autores:
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Ramírez Marín, Yesica Natalia
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/38305
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10495/38305
- Palabra clave:
- Administración de justicia - Colombia
Justice, Administration of - Colombia
Actos administrativos - Colombia
Administrative acts - Colombia
Acciones pupulares
Popular actions
Acceso a la justicia
Responsabilidad patrimonial del Estado
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
| Summary: | RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo general examinar la procedibilidad de la acción de grupo para reclamar perjuicios derivados de actos administrativos de carácter general, expedidos por los diversos entes que conforman el Estado. Lo anterior, desde una mirada constitucional enfocado en el acceso a la administración de justicia como postulado rector de nuestro ordenamiento jurídico. Siendo necesario en primer lugar describir el aspecto sustancial como procesal del medio de control de indemnización de perjuicios causados a un grupo o acción de grupo conforme a la ley 472 de 1998. En segundo lugar, estudiar la temática planteada desde la Responsabilidad del Estado frente a la expedición de actos administrativos teniendo como parámetro el artículo 90 de la Constitución Política. Para, por último, explorar mediante un recuento jurisprudencial las posturas asumidas sobre el tema objeto del artículo por parte de los altos tribunales, esto es, Corte Constitucional y Consejo de Estado. Lo cual perfila como conclusión que en muchas circunstancias son los mismos operadores judiciales los que imponen barreras jurídicas con la aplicación con extrema rigurosidad del derecho procesal, teniendo como consecuencia, ir en detrimento del ciudadano y su derecho de acción como guía principal del proceso jurisdiccional |
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