La facultad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación frente a funcionarios electos por votación popular y la posible violación de los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José
La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra dentro de sus principios fundamentales que la nación colombiana se constituye en un Estado Social de derecho. Esta denominación tiene dos componentes fundamentales: el primero, es la sujeción del poder estatal a la norma jurídica, y el segundo, e...
- Autores:
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Muñoz Arbeláez, Jonathan Camilo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/25532
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/25532
- Palabra clave:
- 340 - Derecho
Estado social de derecho
Sanciones legales
Derecho político
Derechos humanos
Acciones populares
Normas jurídicas
Personas jurídicas
Estado Social de derecho
voto, voluntad popular
sanción
derechos políticos
- Rights
- closedAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
| Summary: | La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra dentro de sus principios fundamentales que la nación colombiana se constituye en un Estado Social de derecho. Esta denominación tiene dos componentes fundamentales: el primero, es la sujeción del poder estatal a la norma jurídica, y el segundo, es la obligación de los órganos del poder público de desarrollar actividades tendientes a la consecución de la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Teniendo en cuenta lo anterior, la norma constitucional estipula que cualquier ciudadano puede acceder a los diferentes cargos de gobierno mediante el voto es la expresión por excelencia de la voluntad popular. Sin embargo, este derecho tiene a su vez una limitante de orden constitucional por medio de la facultad sancionadora otorgada a la Procuraduría General de la Nación, la cual puede destituir e inhabilitar para el ejercicio de las funciones públicas inclusive frente a los funcionarios electos por votación popular. Este ensayo busca analizar si dicha facultad va en contravía de lo establecido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). |
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