Garantía de los derechos fundamentales con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Administración de Justicia en Colombia

El término de inteligencia artificial fue expuesto por primera vez en la mitad del siglo XX en el campo de la ciencia de datos, al tratarse de una ciencia de computación, su expansión y desarrollo han tenido un apresurado crecimiento en la recopilación y análisis de datos de las personas naturales y...

Full description

Autores:
Aponte Fonseca, Yuri Yeison
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/32068
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/32068
Palabra clave:
Inteligencia artificial
Derechos fundamentales
Justicia
Vulneración
Administración de justicia
Riesgos
Artificial intelligence
Fundamental rights
Justice
Infringement
Administration of justice
Risk
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial -- Aspectos legales
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Description
Summary:El término de inteligencia artificial fue expuesto por primera vez en la mitad del siglo XX en el campo de la ciencia de datos, al tratarse de una ciencia de computación, su expansión y desarrollo han tenido un apresurado crecimiento en la recopilación y análisis de datos de las personas naturales y jurídicas (Iberdrola, s.f.); hoy día la administración de justicia colombiana utiliza estas tecnologías como instrumento tecnológico en la búsqueda de soluciones efectivas que ayuden a tramitar la alta cantidad de actuaciones procesales, de ello resulta necesario admitir que, el uso de estas herramientas puede ir en contravía de la protección de los datos personales y el debido proceso que se debe garantizar en el desarrollo de los procesos judiciales. De tal forma, con la aplicación de la inteligencia artificial se busca generar cambios positivos en la sociedad mediante su uso, con lo cual se debe garantizar la protección constitucional de los derechos fundamentales mediante un uso razonable, que garantice la protección de los datos personales y el debido proceso de los ciudadanos. Aunque la administración de justicia ha dictado providencias y reglamentación de su utilización, deben considerarse factores como su vertiginoso crecimiento, manejo de los algoritmos de programación y posibles vulneraciones de los derechos de los ciudadanos por el uso de estas herramientas tecnológicas en este campo.