Posturas de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada tras la Ley 361 de 1997 para personas con discapacidad en Colombia
Este artículo de investigación analiza la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en relación con la estabilidad laboral reforzada, un derecho constitucional que protege a los trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas, garantizando su perma...
- Autores:
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Rodriguez Restrepo, John Eiver
Garcia Suarez, Cesar Augusto
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/31572
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/31572
- Palabra clave:
- discapacidad
estado de debilidad manifiesta
incapacidad temporal o permanente
estabilidad laboral reforzada
pérdida de la capacidad laboral
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Este artículo de investigación analiza la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en relación con la estabilidad laboral reforzada, un derecho constitucional que protege a los trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas, garantizando su permanencia en el empleo. Con la promulgación de la ley 361 de 1997, que establece mecanismos de integración social para personas con discapacidad, surgen controversias en la interpretación de estas garantías. La ley 1618 de 2013 también es clave, al definir a las personas con discapacidad como aquellas con deficiencias a mediano o largo plazo que, al interactuar con barreras sociales, ven limitada su participación plena en la sociedad. La Corte Suprema, a través de su Sala de Casación Laboral, sostiene que si la terminación del vínculo laboral se fundamenta en una justa causa no relacionada con la discapacidad del trabajador, no sería obligatorio acudir al inspector de trabajo, ya que no existiría presunción de discriminación. En contraste, la Corte Constitucional establece que, si el despido es resultado de discriminación por razones de salud, el vínculo laboral persiste, protegiendo a los trabajadores en estado de debilidad manifiesta, incluso si no han sido calificados con pérdidas significativas de capacidad laboral. |
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Arias Bermudez, Jaime AlonsoRodriguez Restrepo, John EiverGarcia Suarez, Cesar AugustoPereira2025-07-23T18:45:51Z2025-07-23T18:45:51Z2025-05-27https://hdl.handle.net/10901/31572Este artículo de investigación analiza la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en relación con la estabilidad laboral reforzada, un derecho constitucional que protege a los trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas, garantizando su permanencia en el empleo. Con la promulgación de la ley 361 de 1997, que establece mecanismos de integración social para personas con discapacidad, surgen controversias en la interpretación de estas garantías. La ley 1618 de 2013 también es clave, al definir a las personas con discapacidad como aquellas con deficiencias a mediano o largo plazo que, al interactuar con barreras sociales, ven limitada su participación plena en la sociedad. La Corte Suprema, a través de su Sala de Casación Laboral, sostiene que si la terminación del vínculo laboral se fundamenta en una justa causa no relacionada con la discapacidad del trabajador, no sería obligatorio acudir al inspector de trabajo, ya que no existiría presunción de discriminación. En contraste, la Corte Constitucional establece que, si el despido es resultado de discriminación por razones de salud, el vínculo laboral persiste, protegiendo a los trabajadores en estado de debilidad manifiesta, incluso si no han sido calificados con pérdidas significativas de capacidad laboral.Universidad Libre Seccional Pereira -- Facultad de Derecho, Ciencias Politicas y Sociales -- DerechoThis research article analyzes the jurisprudence of the Supreme Court of Justice and the Constitutional Court in relation to reinforced job stability, a constitutional right that protects workers with physical, sensory or psychological limitations, guaranteeing their permanence in employment. With enactment of Law 361 of 1997, which establishes mechanisms of social integration for people with disabilities, controversies have arisen in the interpretation of these guarantees. Law 1618 of 2013 is also key, defining people with disabilities as those with medium or long-term deficiencies who, when interacting with social barriers, see their full participation in society limited. The Supreme Court, through its Labor Cassation Chamber, maintains that if the termination of the employment relationship is based on a just cause unrelated to the worker's disability, it would not be mandatory to go to the labor inspector, since there would be no presumption of discrimination. In contrast, the Constitutional Court establishes that, if the dismissal is the result of discrimination for health reasons, the employment relationship persists, protecting workers in a state of manifest weakness, even if they have not been classified as having significant losses of work capacity.PDFdiscapacidadestado de debilidad manifiestaincapacidad temporal o permanenteestabilidad laboral reforzadapérdida de la capacidad laboraldisabilitystate of manifest weaknesstemporary or permanent incapacityreinforced job stabilityloss of work capacityPosturas de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada tras la Ley 361 de 1997 para personas con discapacidad en ColombiaPositions of the Supreme Court of Justice and the Constitutional Court on reinforced job security following Law 361 of 1997 for people with disabilities in ColombiaTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAsamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia de 1991. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.htmlCongreso de la República de Colombia. (1993). Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.htmlCongreso de la República de Colombia. (1997). Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación “en situación de discapacidad” y se dictan otras disposiciones. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.htmlCongreso de la República de Colombia. (1997). Ley 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1618_2013.htmlCongreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1346_2009.htmlCorte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (2000). Sentencia C-531. Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-531-00.htmCorte Constitucional de Colombia. Cuarta de Revisión. (2000). Sentencia T-351. Magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-351-15.htmCorte Constitucional de Colombia. Sala Quinta de Revisión. (2000). Sentencia T-1040. Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-1040-01.htmCorte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (2011). Sentencia C-824. 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Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-251-16.htmCorte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (2017). Sentencia SU-049. Magistrada ponente María Victoria Calle Correa. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/su049-17.htmCorte Suprema de Justicia de Colombia. (2008). Radicado 32532. Magistrada ponente Elsy del Pilar Cuello Calderón.Corte Suprema de Justicia de Colombia. (2009). Radicación 35606. Magistrada ponente Isaura Vargas Díaz.Corte Suprema de Justicia de Colombia. (2010). Radicación 38992. Magistrado ponente Camilo Tarquino Gallego. https://editorapublica.com/?p=122784Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. (2012). Radicado 39207. Magistrado ponente Jorge Mauricio Burgos Ruíz. https://www.redjurista.com/Documents/corte_suprema_de_justicia,_sala_de_casacion_laboral_e._no._39207_de_2012.aspx#/Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. (2018). Sentencia SL-1360. Magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo. https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/Novedades/SL1360-2018.pdfCorte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. (2023). Sentencia SL-1152. Magistrada ponente Marjorie Zúñiga Romero. https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/bjul2023/SL1152-2023.pdfOrganización de las Naciones Unidas (ONU). (2023). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Edición especial Por un plan de rescate para las personas y el planeta. ONU. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023_Spanish.pdf?_gl=1*ma8m4k*_ga*NjQ0Njc5MjgwLjE3MjQyNDM2MTk.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTcyNzk3NDY5OS42LjEuMTcyNzk3NDk2OC4wLjAuMAPresidencia de la República de Colombia. (1961). Decreto 2663 de 1961. 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