El derecho fundamental a la consulta previa en los proyectos REED+ : análisis del fallo de tutela T-248/24

La Consulta Previa es un Derecho Fundamental de las comunidades étnicamente diferenciadas. Por medio de la Ley 21 de 1991 fue incorporado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en adelante, OIT, al ordenamiento jurídico colombiano a su bloque de constitucionalidad en estricto sentido. Pero ha sido en el transcurso de las últimas décadas que en instancias judiciales se ha hecho un desarrollo preciso de los contenidos del derecho, siendo entonces la jurisprudencia la fuente formal en la que pueden consultarse, a través de casos concretos, los detalles y exigencias del procedimiento. De acuerdo con lo anterior, hasta el momento no ha sido posible un debate democrático en la instancia legislativa y existen opiniones según las cuales en cuanto si fuese posible darle para lograr una regulación de la Consulta Previa que garantice el derecho de participación de las comunidades, los intereses y derechos de los actores de las medidas, y los intereses de las distintas entidades estatales. Esos intentos frustrados por establecer una regulación sistemática en la instancia legislativa o administrativa han dado lugar a que en lo que tiene que ver con la Consulta Previa existan algunas preguntas, vacíos y problemáticas de la figura tanto a nivel jurídico como económico, social o político. En este sentido, se insiste en el rol destacado que ha cumplido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en definir los parámetros, contenidos y procedimientos a propósito del derecho a la Consulta Previa. No obstante, dado que el abordaje se ha dado caso a caso, para una regulación integral de la figura en lo que tiene que ver con la ruta metodológica planteada por dicha Corporación en su jurisprudencia, pueden identificarse diversas oportunidades de mejora según el desarrollo práctico del proceso de Consulta Previa. Por otro lado, la Consulta Previa se relaciona con el papel central que ha venido ocupando en la agenda pública global y nacional la protección del medio ambiente, lo que eventualmente puede entrar en contradicción, afectar los derechos de Las Comunidades Étnicas en el desarrollo de su cultura o suponer límites para quienes pretendan desarrollar proyectos o actividades en los territorios colectivos de dichas comunidades. Así, nuevamente destaca la importancia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para establecer límites, parámetros, obligaciones y contenidos precisos. En este contexto, se analizará la reciente sentencia T-248 de 2024 para establecer las precisiones e incidencias de la Consulta Previa en el marco de la decisión del Tribunal. Con ello, se verificará si hubo propuestas innovadoras para la protección de este Derecho Fundamental, la aplicación del Derecho a los bonos de carbono como mecanismos financieros de protección ambiental y cuáles son los retos y problemáticas abiertas que continúan para el Derecho colombiano.

• Autores: Paniagua Agudelo, María Camila
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Universidad EAFIT
• Repositorio: Repositorio EAFIT
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.eafit.edu.co:10784/34784
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10784/34784
• Palabra clave: Comunidades étnicas; Consulta previa; Derechos fundamentales; Derecho a la preservación de la cultura; Derecho al autogobierno; Derecho a la identidad e integridad física; Impactos; Jurisprudencia; Cambio climático; DERECHO; CONSULTA (DERECHO); RECURSOS (DERECHO); RECURSOS EXTRAORDINARIOS (DERECHO); Ethnic Communities; Fundamental Rights; Prior Consultation; Right to preservation of culture; Right to self-governance; Right to identity and physical integrity; Impacts; Jurisprudence; Climate changes
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