Valoración de las garantías procesales y sustanciales del ciudadano a la luz de las modificaciones al acto de imputación contenidas en el procedimiento penal abreviado (Ley 1826 de 2017)

El ordenamiento jurídico colombiano, cuenta actualmente con la regulación establecida en el código de procedimiento penal, Ley 906 de 2004, donde se determinan las audiencias que se dan frente a un proceso penal en Colombia; dicho procedimiento ordinario cuenta con una serie de principios rectores y garantías procesales que le dan sustento legal y jurídico. Uno de los principales principios rectores del procedimiento penal es el derecho de defensa, el artículo 8vo establece que “En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a…”. (Congreso de la República, Ley 906 de 2004) Este principio anteriormente citado es considerado una parte esencial del procedimiento penal en Colombia, ya que refleja la protección que se le da al ciudadano al momento de entrar en un proceso penal y este constituye la garantía principal del procesado al encontrarse en una de las audiencias de instrucción más importantes con que cuenta el proceso que es la audiencia de formulación de imputación, la Ley 906 de 2004 en su artículo 286 la define como “el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías”.( Congreso de la República, Ley 906 de 2004) Además, el principio explicado, se constituye como un derecho dentro de la formulación de imputación, teniendo como soporte legal y jurídico el artículo 290. “Con la formulación de la imputación la defensa podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este código” (Congreso de la República, Ley 906,2004), garantizándose así este derecho en la audiencia de formulación de imputación donde se le garantiza ya en ese momento al imputado su derecho a una libre defensa y un desarrollo eficaz en su proceso. Lo anteriormente explicado, hace parte del desarrollo legal frente a la audiencia de formulación de imputación en el procedimiento penal ordinario, pero en el año 2017 fue expedida la Ley 1826 por medio de la cual se establece el procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. De esta forma se pretende contestar la siguiente pregunta: ¿Qué derechos y garantías del procesado se pierden al suprimir la audiencia de formulación de imputación en el nuevo procedimiento penal especial abreviado? El interrogante anterior, será contestado a través de un análisis de esta figura y cumpliendo cada uno de los objetivos establecidos, para llegar a obtener una conclusión acerca de los aspectos tanto positivos como negativos que se tiene con esta nueva ley.

• Autores: Vélez Grisales, Manuela
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Universidad CES
• Repositorio: Repositorio Digital - Universidad CES
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.ces.edu.co:10946/4965
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10946/4965
• Palabra clave: Procedimiento especial abreviado; Procedimiento penal ordinario; Audiencia de formulación de imputación; Derecho de defensa; Sistema penal acusatorio; Garantías procesales; Procesado
• Rights: openAccess
• License: Abierto