¿Garantiza el Estado colombiano la prestación del Servicio Postal Universal, bajo niveles de calidad, en forma permanente y a precios asequibles a través del Operador Postal Oficial? (2024)
El Servicio Postal Universal (SPU) alude a los servicios postales básicos que el Estado se obliga a garantizar a todos los habitantes en todo el territorio, en forma permanente, con una calidad determinada y a precios asequibles (Unión Postal Universal, 2019). Dicha prestación debe traer consigo la cohesión y vinculación de todas las comunidades. A su vez, el servicio debe ser evolutivo, es decir, debe recibir mejoras, tanto en lo que se refiere a la diversificación de las alternativas disponibles, como en los estándares mínimos de calidad en su prestación (MERCOSUR, 2008). En Colombia, el SPU es definido en el artículo 3 de la Ley 1369 de 20093, como el conjunto de servicios postales de calidad, prestados en forma permanente y a precios asequibles, que el Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional con independencia de su localización geográfica a través del Operador Postal Oficial (OPO) o Concesionario de Correo. Ahora bien, el SPU representa uno de los bastiones principales de la sociedad para garantizar el derecho a la comunicación (Unión Postal Universal, 2019). Con pocas excepciones en el mundo, los operadores designados para la prestación del Servicio Postal Universal son propiedad de los respectivos Estados (como lo es el caso de Colombia). En términos generales, ellos presentan una fuerte verticalización de sus cadenas operativas, con una amplia infraestructura instalada en virtud del mandato de universalización del acceso a los servicios postales (Unión Postal Universal, 2019). En el país, los principios que rigen la prestación del SPU son: la calidad, la eficiencia y la universalidad, lo anterior con sujeción y bajo la vigilancia y control a cargo del Estado y así mismo la ley en cita, declara que deben ser prestados en forma permanente y a precios asequibles. Es por ende que el rol estatal, se enfoca en velar por su cumplimiento y cobertura en departamentos, municipios, cabeceras municipales, centros poblados y zonas rurales dispersas. La norma aplicable y vigente, establece los objetivos, funciones y atribuciones del sector postal, así como los derechos y obligaciones de los usuarios y operadores. Sobre el panorama esbozado, es relevante mencionar que el SPU distingue los servicios postales de conformidad con lo preceptuado en el mismo artículo 3 de la ley 1369 de 2009 en: (i) servicios de correo (envíos de correspondencia, envíos prioritarios y no prioritarios de correo de hasta dos (2) kilogramos, encomienda, servicio de Correo Telegráfico), (ir) servicios postales de pago (giros nacionales e internacionales), (si) servicio de mensajería expresa y los que la UPU categorice dentro de su marco de acción. Por su parte, en el artículo 2.2.8.2.2.2. del Decreto 1078 de 20154 se pregona que también hacen parte del SPU el servicio de correspondencia prioritaria y no prioritaria, la entrega del servicio de correo telegráfico, las encomiendas, el correo certificado y los envíos con valor declarado. Cabe argüir, que se exceptúan los servicios de correo certificado que se presten sobre objetos postales masivos a personas jurídicas públicas o privadas, y a impositores del área de reserva o la franquicia. Así las cosas, en este documento se pretende analizar si en efecto el Estado colombiano garantiza la prestación del SPU a través del OPO, figura que detenta en la actualidad de conformidad con el Decreto 2854 de 20065 , la empresa Servicios Postales Nacionales S.A.S, que durante la vigencia 2008 se consolida con la marca comercial de 4-72. Si bien su operación se supedita a los principios rectores enmarcados en la ley y en los compromisos adquiridos a escala internacional, este documento pretende generar recomendaciones y plantear oportunidades de mejora para la prestación del SPU en Colombia. En mérito de lo expuesto, se incorpora en este documento el contexto u origen del servicio postal, el marco conceptual y el normativo- institucional, para proseguir con la revisión de la prestación del servicio en Colombia, evidenciar la ineficiencia del OPO y esquematizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector mediante la aplicación de la herramienta DAFO.