Mecanismos procedimentales para garantizar la disposición de restos fetales del aborto espontáneo mediante el rito fúnebre elegido por la madre acorde a su libertad religiosa y de culto (2023)
En Colombia la disposición de los restos fetales no se encuentra totalmente desarrollada y reglamentada. En este momento es clara la normativa y el procedimiento para el manejo de cadáveres, cuando se trata de cuerpos de pacientes adultos, pediátricos e incluso neonatales; sin embargo, las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), sin tener mayor regulación o guía procedimental, adoptan y ajustan estás disposiciones para el diagnóstico de óbito (muerte fetal posterior a la semana 20 de edad gestacional o feto mayor a 500gr). Con el propósito de hacer una propuesta procedimental reglamentada, se realiza un análisis normativo y jurisprudencial sobre la actual disposición del manejo de cadáveres diferenciado de la disposición de los residuos biológicos peligrosos, la importancia de la ruta materna en Colombia, la Ley de Parto Digno y la Ley de Brazos Vacíos, concluyendo que, aunque la atención de la gestante siempre se pretende integral, se anula en aquellas que no llevan un embarazo a término. Se desarrolla el concepto de la dignidad obstétrica y en el marco de los Derechos Fundamentales se pretende exponer la preponderancia de la mujer gestante y de los restos fetales y embrionarios. Con el ánimo de entender la importancia de la voluntad de la gestante en la decisión del proceso de disposición de restos fetales y embrionarios, se desarrollan los conceptos fisiológicos, fisiopatológicos, psicológicos y clínicos de la gestación, el aborto, y el duelo gestacional, así como se establece la religión y la fe de cada paciente como herramienta sustancial en el manejo del duelo fisiológico y en la prevención del duelo patológico. Finalmente, y en concordancia con la “Ley de Brazos Vacíos” que abre la puerta a la garantía del tratamiento oportuno de la salud mental de la gestante, con la identificación del duelo gestacional como pilar del tratamiento integral, se propone el lineamiento técnico y el consentimiento informado, con el objetivo de atender al legislador y llenar el vacío procedimental que resulta un atentado a los Derechos Fundamentales de esta población de especial relevancia, atención y cuidado.