Factores socio-jurídicos que influyen principalmente en la realización de delitos sexuales contra mujeres mayores de 18 años en el departamento del Atlántico (2020)
En el presente artículo se analizan los factores que influyen en la realización de delitos sexuales contra mujeres mayores de 18 años, y de esta forma adentrarse específicamente en el Departamento del Atlántico, donde por sus características culturales se hizo necesaria la indagación y la relación con la política criminal Nacional establecida para revisar el tratamiento, disminución y prevención de este tipo de conductas. En virtud del resultado obtenido, se procedió a plantear una idea base para que se mejoren aspectos de dicha política, con el propósito de reducir la posibilidad de que se generen aumentos en la ejecución de las mismas conductas punibles o de nuevas problemáticas sociales, jurídicas y criminales, tendientes a buscar nuevas formas de cometer el delito o de evitar la sanción penal, cometiendo delitos más graves con tal de ocultar la conducta sexual delictiva. Objetivo general: Analizar el marco teórico y jurídico de la violencia sexual impartida hacia la mujer, en el Departamento del Atlántico. Materiales y Métodos: El enfoque es mixto y de corte transversal. En la primera instancia, se realizó una revisión sistemática y análisis de literatura en libros, artículos de investigación, leyes, informes, todos estos de tipo socio-jurídico-penal, filosóficos, sobre salud pública, psicoculturales y de tipo periodísticos, que estuvieron relacionados con la violencia y delitos sexuales. De igual forma, con su política criminal y factores que influyen en su generación, se destacan las estadísticas emitidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, acerca de las mujeres víctimas de los mencionados delitos en el Dpto. del Atlántico y con base en ellas, se hizo una interpretación porcentual sobre el incremento dado en los años 2016 a 2018 y del Consejo Superior de la Judicatura. Las cifras a nivel nacional de adultos condenados y adolescentes declarados culpables (hombres) se compararon con las estadísticas de las mujeres agredidas sexualmente en los años 2016 a 2018 en el Dpto. En ese mismo sentido, se compararon las leyes a partir del código penal Ley 599 del 2000, con las leyes posteriores que modificaron lo concerniente a los delitos sexuales y se realizaron las interpretaciones porcentuales en el aumento de las penas de estas mismas. Los criterios de inclusión identificados fueron: a) delitos sexuales en contra de mujeres, b) que las mujeres fueran únicamente mayores de 18 años, c) que dichos delitos fueran perpetrados solo en el dpto. del Atlántico; y d) que los sujetos activos fueran hombres. Resultados: Teniendo en cuenta las estadísticas, doctrina, jurisprudencia, Ley, informes y demás datos analizados, se encontraron los siguientes datos: En los años 2016 a 2018 se presentaron aumentos significativos de estos delitos en el departamento del Atlántico, partiendo del año 2016 donde se evidenció una tasa de 803 casos; y en el 2017 hubo un aumento del 21%, con un total de 972 casos y para el 2018 con 1.061 los casos incrementaron al 32%, respecto de la fecha inicial en que se realizó la comparación sobre el aumento. Por tal motivo y teniendo en cuenta los datos acabados de mencionar y en comparación a la cifra de condenados, se tiene el siguiente resultado: Del cual se puede inferir que, mientras en el departamento del Atlántico y a nivel nacional aumenta cada año la tasa de delitos sexuales en contra de mujeres, en el mismo periodo la efectividad judicial en estos delitos es mucho menor que la cantidad de casos suscitados en un solo departamento. Conclusión: La política criminal en el país en materia de delitos sexuales, a pesar de aumentar las penas para todos los delitos desde un 30% hasta un 400% por encima de la pena principal concebida por la Ley 599 del año 2000, en las leyes que realizaron sus modificaciones, no se ha podido lograr un efectivo control, reducir delitos sexuales y mucho menos prevenir, ya que no se conocen programas o proyectos comprometidos íntegramente con dicha causa. En otras palabras, se desconoce si es por falta de compromiso o de recursos por parte del gobierno central a la hora de trabajar en dicha prevención y se estaría frente a un populismo punitivo, puesto que no se tienen los criterios económicos para la creación de una ley, sino que podrían surgir por intereses políticos. En consecuencia, es recomendable para la protección de la mujer principalmente y de los hombres que también puedan llegar a sufrir estas afectaciones a sus bienes jurídicos libertad, integridad y formación sexual, las decisiones judiciales se fundamenten en la normativa penal existente, se garantice la efectiva aplicación de la misma y en relación a la prevención, se ejecuten planes de acción encaminados a implementar cátedras orientadas a generar conciencia frente a lo incorrecto de estas conductas, lo dañino que es para quien la sufre y las consecuencias padecidas.