Análisis normativo penal y la política criminal colombiana referente al sistema carcelario y penitenciario y la jurisprudencia sobre el tema a partir del año 2000 (2021)
Antecedentes: Según Mayorga (2015), con la Constitución Política de Colombia se ha logrado una mayor garantía en relación al sistema penitenciario y carcelario, con lo que se ha promulgado el Estado Social de Derecho en pro de la dignidad humana (Mayorga, 2015). Las leyes avaladas han sido impulsadas por instrumentos jurídicos internacionales, especialmente los promulgados por la ONU (Derechos Humanos, 1955). Como base se promulgó la Ley 742/2000, como elemento importante en el alcance de las atribuciones del sistema penitenciario y carcelario según el Código Penal (Codigo Penal, 2000). Objetivos: En el marco de estudio e investigación de este proyecto, se ha establecido como objetivo principal, la identificación de los factores jurídicos y política criminal que han influido directamente en el sistema carcelario y penitenciario colombiano desde el año 2000. A través de este objetivo se pretende en conocer los planes estratégicos por parte de las instituciones autorizadas para asegurar los derechos humanos de los privados de libertad proporcionalmente con el desarrollo estructural de modelos y sistemas en el ámbito social, económico, cultural, educativo. Materiales y Métodos: La metodología utilizada, siendo una ciencia social jurídica transicional de acuerdo a los postulados jurídicos, refleja un paradigma cualitativo de estudio histórico hermenéutico, documentado en bases legales de instituciones jurídicas en el campo del derecho penal. Las herramientas utilizadas se basan en la recolección documental de información vinculada a un método inductivo. La metodología utilizada permite el análisis crítico de la documentación sistematizada de bibliografía, en especial, de las autoridades superiores que pueden exponer contenido pertinente. Resultados: A través de una presentación de los objetivos de estudio, donde se involucran antecedentes de investigación, analizando distintas concepciones de la problemática, soportado por Aristizábal J, Briceño C, Congote A, et al (2019), en su “Informe de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario en Colombia (2017- 2018)”, en el cual se exponen las sentencias vinculadas al estado de las cosas inconstitucional citando a la Corte Constitucional en su sentencia T-388/2013, declarando al estado de las cosas como inconstitucional, desde el punto de vista penitenciario, tratando de superar las condiciones en las que vivían los reclusos, expidiéndose ordenes generales y puntuales para superar esta situación. De igual forma, en la sentencia T-762/2015 (Corte Constitucional , 2015), se reiteró el estado de cosas inconstitucional. Con la sentencia T-388/2013, se hizo un resumen de las violaciones de los derechos a los privados de libertad, reiterándose el estado de derecho de la sentencia T-388/2016, con lo que se refleja el incremento del hacinamiento en los centros penitenciarios, como la aplicación de una política criminal reactiva de carácter populista y de poca reflexión (Aristizabal, Biceño & Congote, 2019). Conclusiones: Es importante mencionar que las dificultados desde las instituciones educativas, medios de comunicación y del cuerpo penal penitenciario para humanizar las cárceles, afectan la reinserción social de los privados de libertad, lo que puede influir en la actitud del reo para cambiar su conducta delictiva. Esto evidentemente, incide en el proceso de reinserción social aumentando la reincidencia penitenciaria que, a su vez, incrementa en el hacinamiento. Otro elemento de incidencia es el temor de los cuerpos policiales y su involucramiento en las bandas delictivas, que impiden garantizar los derechos de la población privada de libertad, donde muchas veces se ven amenazados de muerte en los mismos recintos.