Eficacia de los mecanismos de conciliación en Colombia para responder a las necesidades de grupos étnicos, mujeres, personas con discapacidad y la comunidad LGBTIQ+ (2025)
En Colombia, se han realizado modificaciones en los métodos de conciliación para incluir un enfoque diferencial que satisfaga las necesidades de grupos históricamente excluidos como las comunidades étnicas, las mujeres, las personas con discapacidad y la comunidad LGBTIQ+. Pese a los progresos normativos y metodológicos, la implementación práctica todavía se topa con retos considerables. La Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) y el Decreto 1581 de 2017 definen principios de atención centrados en aspectos de género, etnia y derechos humanos. Adicionalmente, iniciativas como la Conciliación en Equidad se han implementado en zonas con intensa presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas, facilitando la resolución de conflictos desde el saber y las costumbres propias, reforzando la justicia en la comunidad. Los Centros de Conciliación y las unidades móviles de justicia también han comenzado a adaptar sus protocolos de atención para garantizar el acceso efectivo a la justicia. Esto abarca la utilización de intérpretes, recursos en lenguaje comprensible y caminos especializados para las víctimas de violencia basada en género o identidad. No obstante, varias investigaciones concuerdan en que todavía persisten obstáculos estructurales, tales como la ausencia de capacitación con perspectiva interseccional entre los operadores de justicia, la escasa participación de estas comunidades en la elaboración de políticas públicas y la persistencia de prejuicios sociales que impiden un cuidado justo. En zonas rurales y afectadas por conflictos bélicos, la conciliación en equidad ha demostrado ser una alternativa ventajosa para evitar la judicialización de conflictos entre la comunidad. Aun así, se requiere un esfuerzo más intenso entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones de base para fortalecer estos procesos. A esto se añade la exigencia de mejorar el monitoreo y evaluación de los sistemas actuales, con indicadores que evidencien el verdadero efecto en la protección de los derechos de estas comunidades. La educación constante, el involucramiento proactivo de las comunidades y la distribución de recursos apropiados son elementos esenciales para progresar hacia una conciliación genuinamente inclusiva y radical.