Responsabilidad estatal por modificación del objeto del contrato con las empresas del sector de vigilancia privada en Colombia (2020)
El proceso de contratación entre el Estado y los particulares, personas naturales o jurídicas, se encuentra regulado por la Ley 80 de 1993 y modificaciones posteriores, que contiene el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. En el contrato entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y una empresa de vigilancia y seguridad privada deben seguirse todas las pautas contenidas en la Ley 80 de 1993, pero observando que dentro del objeto del contrato no se incluyan funciones que le son propias al INPEC como lo es la vigilancia y custodia tanto de las personas privadas de la libertad, como de la planta física interna y externa. No hay posibilidad legal ni jurisprudencial que permita modificar el objeto del contrato en este caso, por lo que ante cualquier eventualidad ocurrida la responsabilidad recae sobre el Estado, obligado a reparar patrimonialmente por el hecho dañoso como lo estima el artículo 90 de la Constitución de 1991. Se fundamenta esa responsabilidad en la relación especial de sujeción que tiene el Estado con las personas privadas de la libertad, a las cuales debe garantizarle su vida e integridad personal