La desregulación de la autonomía universitaria y la expansión incoherente de la oferta académica de la educación jurídica (2022)
Con base en la Carta Magna colombiana, promulgada en 1991, el concepto de autonomía universitaria se incluyó en el ordenamiento jurídico colombiano como derecho y principio de la educación. Al reglamentar la educación superior, la Ley 30 de 1992 desarrolló ese postulado constitucional, definiéndolo como la posibilidad que tienen las universidades de autogobernarse, teniendo en cuenta su modelo filosófico (arts. 3, 28, 29 y 31). En el presente ensayo se propone desarrollar la tesis que sostiene que la falta de regulación frente al alcance del principio de autonomía universitaria ha afectado la calidad de la oferta de la educación jurídica en Colombia. Si bien la Ley 30 de 1992 estableció ciertos parámetros para dar alcance a la autonomía universitaria, tal normativa resulta insuficiente al momento de garantizar estándares de calidad en los programas de derecho, pues las cifras demuestran que, dada la flexibilidad en los presupuestos legales, una vez entró en vigor esa norma, se multiplicó el número de facultades de derecho, constituidas con grandes debilidades académicas. Finalmente, la profesión jurídica no cuenta con controles estatales rigurosos, lo cual ha generado una expansión incoherente de la oferta académica. No es dable pretender la aplicación de una autonomía absoluta que desconozca principios básicos de la educación, como es la responsabilidad social que se materializa en el ofrecimiento de una oferta educativa de calidad.