Concepto de víctima, población vulnerable y su participación en el proceso penal (2011)
La Constitución de 1991 consagra en su artículo 13, el derecho fundamental a la igualdad estableciendo la obligación al estado, en torno a suscitar condiciones hacia una igualdad real material y efectiva, así mismo pone en cabeza de este el compromiso de proteger y adoptar las medidas necesarias para garantizar esta protección a los grupos discriminados o marginados, especialmente aquellas personas que por su condición, física, sicológica o económica, se encuentran en circunstancias de discriminación o desprotección ostensible, de tal forma que es deber del estado sancionar los abusos y maltratos que contra estas poblaciones se cometan en el desarrollo de un proceso penal.