Un acercamiento a los movimientos transfronterizos; convenio de Basiela y norma BASC, aplicación al caso colombiano (2019)
La globalización mediante acuerdos comerciales involucra grandes territorios y la correlación de estados en la competencia por los recursos, el comercio y la industria. Esta competencia implica en muchas ocasiones la generación de desechos peligrosos como subproductos de los procesos de explotación, producción y transformación. Para regular la proliferación y disposición final de estos desechos altamente nocivos para la salud humana y para el bienestar del planeta en general, se hace indispensable la regulación de dichos subproductos a fin de minimizar los impactos ambientales causado por estos desechos denominados peligrosos. El convenio de Basilea de 1989, regula el manejo y disposición de los desechos denominados peligrosos transfronterizos. Para instancias del PNUMA, programa de las naciones unidas para el medio ambiente, se hace efectivo este convenio entre sus estados miembros siendo el estado colombiano parte de este desde su inicio y por ende le corresponsable la responsabilidad y cumplimiento de su implementación a través de la normativa interna y de las agencias del Estado colombiano que ofician como autoridades competentes en la materia. Dicho esto, y teniendo en cuenta que la aplicabilidad de los convenios y tratados internacionales se desarrolla de forma eficaz cuando se integran el derecho administrativo internacional público y el derecho administrativo público de cada estado implicado, se hace necesario la inclusión de un ente con autoridad en cada país que vele por el cumplimiento de dichos convenios. Aunque a través de los años Colombia ha mostrado una participación activa y un evidente compromiso con la aplicación del Convenio de Basilea, el cual ha sido reconocido por la comunidad internacional, dicho manejo podría mejorarse y para así lograr ser líderes en su aplicación. El presente ensayo analiza el soporte que le da la normativa colombiana a la aplicación del tratado, y propone la inclusión de forma directa de un tratado internacional adicional como lo es la norma BASC (2017) la cual daría herramientas a los entes de autoridad pertinentes, aterrizando su control de forma específica a el comercio internacional y a la seguridad de los movimientos transfronterizos.