Ensayo comparativo del decreto 101 del 2010 (2011)
Con el objeto de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, la Constitución de 1991 ordenó la creación de localidades en Bogotá, encargadas de la gestión de los asuntos propios de su territorio, y determinó que en cada una de ellas existiría una junta administradora local, de elección popular, responsable de distribuir los recursos asignados por la administración Distrital a cada una de las localidades. De este modo, la Constitución estableció los elementos básicos de un modelo de descentralización territorial en Bogotá (Artículos 322 a 324), de carácter obligatorio, a diferencia de lo ocurrido con los demás Gobiernos locales del país donde las autoridades están facultadas, pero no obligadas, para crear las juntas administradoras locales (Artículo 318). El decreto 1421 de 1993 establece los objetivos que persigue la división territorial del Distrito