Análisis comparativo de metodologías de realización del plan estratégico de seguridad vial (2020)
La Organización Mundial de la Salud -OMS (2011), dentro de lo que se denominó Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, se convocó a los países miembros a desarrollar acciones que condujeran a disminuir el 50% de los incidentes viales y, de paso, lograr el mejoramiento de los índices de muertes y de otros indicadores de efectos colaterales como discapacidades de los involucrados y efectos lógicos en los sistemas de seguridad social y aumento de la pobreza como resultado de la ausencia permanente de las personas que generan fuente de ingreso económico para las familias afectadas. En Colombia, el marco jurídico regulatorio en materia de seguridad vial empezó a registrarse desde 2011 mediante la Ley 1503 expedida por el Congreso de la República de Colombia (2011) “promoción de formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía” y, en 2012, por medio de la adopción del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016 (Ministerio de Transporte, 2012) definiendo las líneas de acción sobre las cuales se debía desarrollar. Rápidamente, en 2014, se empezó a ver los ajustes al plan extendiendo el plazo de ejecución hasta 2021 y definiendo, con mayor claridad, los programas y las acciones a seguir. A nivel legislativo también se promulgaron importantes normas que dieron vida al Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV- y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV-, organismo al cual se le asignó la misión de planificar y articular con diferentes estamentos del estado la coordinación de políticas, normas y actividades que conduzcan a materializar los objetivos y propósitos del gobierno central en esta materia (Ministerio del Interior, 2020). En cabeza de la ANSV se radicó la función de definir la metodología para el diseño e implementación del PESV, que se materializó a través de la guía metodológica, documento de carácter eminentemente técnico publicado a mediados de 2014. Entre otros, señalaba que el PESV debía tener un “concepto favorable” de una autoridad de tránsito o de quien hiciera sus veces y la revisión del plan cada dos años (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2020). Las autoridades responsables de la revisión del PESV rápidamente colapsaron ante la cantidad de solicitudes de los obligados a implementarlo. Esto significó que muchas empresas empezaran a “esquivar” el deber de diseñar y poner en marcha el plan mediante la “tercerización” de los servicios objeto de PESV o, simplemente, nunca lo elaboraron debido a los costos que se generaban por la vinculación de especialistas para que se ocuparan del tema. En 2019, se dio un salto mediante la promulgación de una norma legal de supresión de trámites y se dio vía libre para que el PESV se incluyera como un ítem dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST-, incorporando importantes ajustes que van a redundar en la optimización de procesos y recursos económicos pero, a la vez, abriendo puertas para que las organizaciones reguladas apliquen conceptos de la “mejora continua” (PHVA, calidad) con miras a que dentro de las organizaciones en forma autónoma y bajo un criterio de autorregulación se revise periódicamente el plan y se incorporen las mejoras necesarias.