La normatividad legal que afecta la estabilidad laboral en las empresas de vigilancia y seguridad privada (2023)
En Colombia, según registros de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia, 2022a), existen 1.959 empresas autorizadas para la prestación de servicios de vigilancia en sus diferentes modalidades, que generan aproximadamente 390.000 empleos directos, conforme a lo enunciado en el Encuentro de Articulación entre el Gobierno Nacional y el Sector de Vigilancia y la Seguridad Privada, por lo que la normatividad legal que influye en este sector y la política pública orientada a la regulación laboral y tarifaria de los servicios de vigilancia, han impactado el sector e implican un aumento representativo en los costos operativos de las empresas, fomentando con esto la desvinculación masiva de personal operativo y administrativo, dado que estas normas tienen incidencia directa en los presupuestos de los usuarios de los servicios de vigilancia, en los diferentes sectores económicos del país. Especialmente la Ley 1920 de 2018 modificó la jornada laboral del personal operativo de las empresas de vigilancia y, a su vez, exige un seguro de vida colectivo obligatorio; la Ley 2101 de 2021 reduce la jornada laboral en Colombia y el Decreto 1561 de 2022 fijó las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada prestados por las empresas o cooperativas. Así, al implementar estas normas, los costos operativos y el precio de los servicios de vigilancia aumentan de manera significativa. Finalmente, las implicaciones de orden económico y social inciden en toda la población colombiana y en especial en las empresas y en el personal que labora en este sector.