Cumplimiento del principio de planeación en contratos de prestación de servicios del SENA vigencia 2019 (2021)
La Constitución Política de 1991 rige nuestro ordenamiento, señalando preceptos de vital importancia para los Entes Territoriales y todas las instancias que conforman el Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta la aplicación de mandatos democráticos y participativos, así como promoviendo en su actuar el respeto de la dignidad humana en concordancia con la Carta Universal de los Derechos Humanos. Por lo anterior, a través del presente ensayo de tipo cualitativo, con un método descriptivo y técnicas como el análisis documental y bibliográfico traducido en la recolección de información, se pretende evidenciar la importancia de la aplicación del principio de planeación en los procesos contractuales que para el caso del presente estudio, se hará énfasis en los contratos de prestación de servicios, así como se revisara de manera conjunta el principio de economía procesal y su injerencia en la optimización de recursos públicos. Es importante tener en cuenta que en el proceso pedagógico que implementa el SENA, al inicio de cada anualidad incluso meses atrás en los ejercicios de planeación institucional, se establecen contenidos programáticos a fin de culminar satisfactoriamente cada ciclo o trimestre de formación y con ello los aprendices lograr su titulación, sin embargo, se concluye con la presente revisión en SECOP II que continuamente se firman adiciones y prorrogas a los contratos de prestación de servicios de los instructores con el fin de garantizar el ciclo formativo durante la vigencia, situación que puede generar rupturas en el proceso de enseñanza al no lograr cumplir en los tiempos legales con dichos tramites contractuales y de igual manera puede generar un desgaste de la maquinaria administrativa dada por la falta de una planeación efectiva que lo hace un eslabón vulnerable a las prácticas corruptas las cuales no van en la misma línea de la priorización de los servicios que per se debe garantizar el Estado, ubican a la administración pública como un agente amenazante y poco garante de la eficaz prestación de servicios y con baja efectividad en la garantía de derechos de los administrados, perpetuando la vulnerabilidad de la sociedad que aun cree en los principios constitucionales que nos rigen y por los cuales dejan sentado su voto en las diversas instancias de participación.