Viabilidad del Aumento de las Sanciones Establecidas en el Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes en la Ley 1098 de 2006 (2016)
El presente artículo tiene por objeto realizar un análisis acerca de la delincuencia y la criminalidad juvenil y los esfuerzos y avances desde el punto de vista socio jurídico y de política criminal, que se han hecho en Colombia para el manejo de dicho fenómeno. Por ende dicha reflexión nos conduce a analizar la impunidad que ha significado dentro del ordenamiento jurídico colombiano el modelo de protección integral que consagra el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y el tránsito que hizo de un modelo tutelar a uno restaurativo, lo anterior sin perder de vista los demás factores involucrados como lo son la marginalidad, el desempleo, la falta de vivienda, la desintegración familiar, la carencia o insuficiencia de servicios públi¬cos y la mezcla de patrones culturales muy singu-lares que conlleva dicha problemática y en este sentido vislumbrar el interrogante acerca de la necesidad de aumentar las sanciones establecidas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, contenido en la ley 1098 de 2006, como quiera que las sanciones privativas de la libertad impuestas para ciertos delitos especialmente hurto, lesiones personales y homicidio, ha ido en aumento, lo que finalmente lleva a cuestionarse si es preciso equiparar el sistema penal juvenil con el de responsabilidad penal para adultos, a pesar de que el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes, desarrollado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se basa en el respeto y protección de derechos. En este sentido a pesar de los cuestionamientos, especialmente mediáticos ante el aumento de la criminalidad juvenil, dicho Sistema refuerza los derechos fundamentales de los jóvenes que cometen delitos; lo que finalmente conllevará al discernimiento del siguiente interrogante i) No aumentar las penas con fundamento en la Constitución Política y los tratados internacionales respecto de los menores de edad; y ii) Sí aumentar las penas, con fundamento en el fin preventivo negativo, de conminación, que se encuentra establecido en el Código Penal colombiano.