Medición de la percepción de la comunidad académica de la Universidad Militar Nueva Granada en cuanto a la educación superior y el post-conflicto año 2014 (2015)
La Universidad ha jugado un papel trascendental en la evolución del conflicto armado en Colombia, toda vez que es allí donde se han configurado los espacios de reflexión ideológica, convergencia de intereses y embrión de la movilización política. Muchas de esas disertaciones académicas, dieron como resultado en los años 1960 una atomización de movimientos sociales que gravitaron entre la lucha armada y la deliberación política enmarcada dentro de un discurso de justicia social. Paralelo al contexto académico, las dinámicas geopolíticas resultantes de la guerra fría configuraron en el país, políticas represivas hacia los movimientos sociales, las cuales polarizaron y agudizaron a la postre, la lucha armada en Colombia. La prolongación del conflicto armado durante los años 1980 y 1990, sumada a la incorporación de la economía de la guerra y la incapacidad del Estado Colombiano para contrarrestar la insurgencia, dio origen al surgimiento de nuevos actores al margen de la ley, que buscaron contrarrestar por un lado la acción insurgente en las regiones, y por otro, la consolidación del fenómeno del narcotráfico en Colombia. En este sentido y dado que ninguno de los actores del conflicto ha obtenido una victoria por la vía armada, los gobiernos de turno en los últimos doce años han esbozado un panorama normativo y jurisprudencial tendiente a impulsar acciones concretas hacia el camino de paz, a través de la desmovilización y la reintegración a la vida civil de personas pertenecientes a grupos armados al margen de la ley. Es así como, con Ley 782 de 2002 se prorroga el tiempo por cuatro años más, a fin de establecer el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica (Congreso de Colombia, Ley 782/2002, Art. 2). Este marco jurídico permitió que en 2003, el gobierno del entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez suscribiese con los grupos de Autodefensas, el Acuerdo de Santafé de Ralito para adelantar la desmovilización colectiva de 37.671 excombatientes. Para el año 2005 y con el objetivo de generar proceso de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados, se promulga en Colombia la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta ley en su artículo 66, reconoce la importancia de los programas de capacitación y educación al desmovilizado para acceder a proyectos o empleos productivos (Congreso de Colombia, Ley 975/2005, Art. 66).