La introducción del acusador privado con el nuevo proceso penal abreviado: los retos en la implementación (2017)
La presente tesis tiene como objetivo analizar el contenido de la Ley 826 de 2017, que introduce la reglamentación de la figura del acusador privado, a través de la cual la víctima del delito, por conducto de abogado, podrá ejercer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, siendo el encargado de dirigirla, asumiendo la responsabilidad de desestimar la presunción de inocencia. Lo que se busca identificar y analizar en este escrito, son los retos procesales y sustanciales que tendrá que enfrentar la implementación de la ley, debido a que esta figura está permitida constitucionalmente desde la expedición del Acto Legislativo 06 de 2011, momento desde el cual se presentaron varios proyectos de ley que tenían como fin su regulación, sin que hasta ahora fueran exitosos por distintas razones. Sin embargo, la reglamentación ya fue aprobada y el 12 de julio del presente año entró en vigencia, con planteamientos que hacen que nos encontremos a favor de ella y apoyamos la doctrina mayoritaria que argumenta que el acusador privado reivindica los derechos de la víctima en el proceso penal. Finalmente, se pretende realizar propuestas concretas respecto de cada uno de los retos que se identifiquen respecto de la figura del acusador privado, con el ánimo de aportar al desarrollo de la figura