Una aproximación judicial a los recobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud (2021)
Los sistemas de salud, en general, se enfrentan el reto de alcanzar una eficiente distribución de recursos siguiendo los valores de universalidad, eficiencia, equidad y progresividad. En Colombia, La Ley Estatutaria 1751 de 2015 en donde se ordena al Estado promover la ampliación gradual y continua al acceso a los servicios y tecnologías en salud es uno de los ejemplos de alternativas asumidas para afrontar dicho reto. Ahora bien, aun cuando el problema de distribución y racionamiento de recursos es, en principio económico, la intervención judicial ha jugado un rol clave en los procesos de configuración de políticas públicas como parte de un proceso de judicialización de la salud. Para para el año 2008, Colombia presentaba el índice más alto de casos de salud per cápita (3,289), mientras Brasil manejaba 206 litigios en salud por cada millón de habitantes, Argentina manejaba 29, Sudáfrica 0,3 e India 0,2. En virtud de lo anterior, este artículo tiene por objetivo explorar la protección judicial, por parte del juez constitucional, como un nuevo espacio de deliberación e inclusión y no solo como un mecanismo mediante el cual el juez constitucional rompe con las funciones de otros órganos democráticos. En este sentido, la intervención del juez ha tendido a fungir como un factor disruptivo en la consolidación de consensos sobre la universalización de la salud y como el escenario ideal para promover estos acuerdos a través de la solución de casos estructurales en los cuales las decisiones van más allá del caso concreto.