Procesos de legalización de asentamientos informales en Bogotá, ¿Constituyen una barrera para acceder a la dignidad humana? (2024)
El artículo examina los procesos de legalización de asentamientos informales en Bogotá y su impacto en el acceso a la dignidad humana, argumentando que estas políticas no cumplen con la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales a sus habitantes. Se inicia describiendo cómo los asentamientos informales son una manifestación crítica de la crisis social y habitacional en la ciudad, donde miles de personas, muchas en situaciones de desplazamiento o vulnerabilidad, viven en condiciones precarias y carecen de acceso a servicios básicos y derechos esenciales. El texto establece que la dignidad humana, consagrada en la Constitución Política de Colombia, debe ser protegida sin condiciones previas. Se menciona el alcance de este principio, resaltando que la Corte Constitucional ha definido la dignidad humana como un derecho fundamental que incluye no solo condiciones materiales mínimas para una existencia digna, sino también la autonomía para diseñar un plan de vida. La jurisprudencia nacional e interamericana señala que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar igualdad de oportunidades y un trato compensatorio para aquellos en situación de debilidad manifiesta. A lo largo del artículo, se analizan las leyes y políticas públicas, para entender que estas subordinan el acceso a derechos fundamentales a requisitos como la formalización de terrenos, lo que perpetúa la vulneración de la dignidad humana. Se analiza el contexto latinoamericano para evidenciar que las realidades enfrentadas por los habitantes de asentamientos informales reflejan una falta de atención estatal a sus necesidades jurídicas. Finalmente, se concluye que para garantizar la dignidad humana es necesario que el Estado implemente acciones positivas que aseguren condiciones de vida digna y eliminen barreras estructurales que impiden a estas poblaciones acceder a sus derechos. Sin un compromiso real hacia estas comunidades, las políticas públicas se convierten en meras formalidades sin impacto significativo en la mejora de sus condiciones de vida.