Participación ciudadana local en el sistema contractual colombiano : el caso de los acuerdos comunitarios municipales de Nariño (2020)
Este trabajo busca contribuir a la discusión sobre el alcance de la participación ciudadana local en los procesos de contratación pública. Con el objetivo de abordar esa discusión, la investigación estudia la figura denominada Acuerdos Comunitarios Municipales (ACM) realizados en el departamento de Nariño entre los años 2016 y 2019. Los ACM son una innovación jurídica y política impulsada por figuras como el gobierno abierto, la gobernanza y el presupuesto participativo. Sin embargo, los ACM no se agotan en estas instituciones foráneas dado pueden ser el resultado de una larga tradición participativa y democrática que caracteriza a las comunidades del departamento de Nariño y que tiene sus orígenes en instituciones precoloniales como la minga y un tipo particular de cabildo. Los ACM constituyen nuevos espacios de participación ciudadana local en un escenario de exclusión al cual han contribuido el sistema de contratación estatal y las acciones de control a la administración en Colombia. La falta de escenarios de participación que permitan el control ciudadano a la actividad contractual contribuye a concentrar la participación en el control judicial mediante las acciones públicas, sin embargo, estos mecanismos tampoco son suficientes e idóneos. Frente a este escenario, los ACM son auténticos espacios participativos que reconocen el valor de la intervención ciudadana en la toma de decisiones públicas y, particularmente, en la definición colectiva del presupuesto. Además, los ACM se constituyeron en espacios de reconocimiento del valor de la colaboración comunitaria y la construcción colectiva de las soluciones a sus necesidades. Pese a ello, el potencial de esta figura se ve menguado ante un sistema contractual paternalista y autoritario que es operado por técnicos y burócratas que parecen ver con displicencia la intervención y el control ciudadano a la actividad contractual pública. Esto en el marco de una reflexión política y jurídica dominante que presupone la supuesta incompatibilidad entre la participación y la contratación, premisa que se da por sentada, no se prueba y en muchas ocasiones ni siquiera se cuestiona