Análisis entre objeción de conciencia e interrupción voluntaria del embarazo (2024)
En Colombia, la objeción de conciencia, amparada por la Constitución y la legislación vigente, permite a los profesionales de la salud negarse a realizar procedimientos como la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) si contradicen sus creencias religiosas o valores personales. Sin embargo, este derecho debe ponderarse con el acceso oportuno de las mujeres a servicios de salud reproductiva, incluyendo la IVE en los casos permitidos por la ley. La Corte Constitucional define la objeción de conciencia como un derecho personal, no aplicable a las instituciones, las cuales deben garantizar la prestación de estos servicios. Los profesionales que ejerzan este derecho están obligados a remitir a las pacientes a otro médico que pueda realizar el procedimiento de manera ágil y sin retrasos. La oposición entre las creencias personales de los profesionales y los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo representa un constante desafío para el sistema de salud, el cual debe garantizar la prestación de servicios esenciales sin discriminación ni demoras injustificadas, obstaculizando el ejercicio de estos últimos. La objeción de conciencia no debe usarse como una justificación para negar un derecho, especialmente si esto pone en riesgo la vida o la salud de la mujer a nivel físico, mental y social.