Territorio indígena como elemento fundamental de la consulta previa: dificultades en su delimitación (2025)
El derecho a la consulta previa hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano y ha tenido múltiples interpretaciones en el sistema jurídico interno. Su alcance, finalidad, contenido y límites aún no se encuentran completamente definidos, ni en la legislación, ni en la jurisprudencia, generando con ello inseguridad jurídica. La Corte Constitucional colombiana ha realizado construcciones normativas a través de su jurisprudencia en materia de derecho propio y consulta previa. De ahí que esta Corporación sea reiterativa en sus llamados al Poder Ejecutivo para que se regule la materia de una manera adecuada, incluyendo el registro de las poblaciones indígenas existentes en el país y, en consecuencia, poder tener un factor concreto para determinar cuándo es procedente o no realizar consultas previas bajo el presupuesto de que se estén generando afectaciones a los derechos de las comunidades indígenas. Teniendo en cuenta las anteriores aseveraciones, vale la pena cuestionar ¿En los exhortos que ha proferido la Corte Constitucional en materia del Derecho a la Consulta Previa con destino al poder ejecutivo en sus distintos niveles, es posible identificar parámetros homogéneos que este haya desarrollado para garantizar dicho derecho en todas sus dimensiones y con lo cual garantice la seguridad jurídica correspondiente? Es pertinente precisar que el Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta los exhortos de la Corte, desarrollando directrices uniformes de carácter eminentemente geográfico y cartográfico con respecto a la identificación de territorios indígenas y a la certificación de la existencia de comunidades en estos, como criterio fundamental para determinar si es conducente o no, implementar el mecanismo de Consulta Previa, pero estos parámetros resultan insuficientes a la hora de abarcar las condiciones particulares y exclusivas de cada pueblo indígena, lo cual genera no solo vulneración en sus derechos sino que deriva una inseguridad jurídica. Sentada esta posición, es necesario llevar a cabo una declaración de intenciones. El propósito de este ensayo es demostrar que la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa y la inseguridad jurídica que se genera respecto al goce del derecho a la propiedad ancestral es una consecuencia directa del desconocimiento por parte del Estado colombiano en lo que concierne a la organización, comportamiento y costumbres de las comunidades indígenas con respecto al territorio. Esta demostración se llevará a cabo mediante el estudio de los casos de los pueblos indígenas habitantes de la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, que mora en las riberas de los Ríos Verde y Sinú del departamento de Córdoba. Para ello, se analizará el concepto de territorio indígena y las dificultades que genera una visión eminentemente geográfica de este, asimismo, se abordará su organización territorial y las formas puntuales en las que autoridades desconocen aspectos culturales de las comunidades indígenas. Además, se presentará la función de delimitación territorial de las autoridades y cómo ésta se ve poco efectiva por desconocimiento en sus preceptos, para finalmente brindar las conclusiones correspondientes.