Entre la legalidad y el ejercicio de potestades discrecionales en las decisiones de la alta policía administrativa: una visión a partir de la distinción entre reglas y principios (2015)
La realidad que supone la estructura misma de las normas y la satisfacción de sus fines, torna complejo que tales preceptos puedan determinar de antemano todas las situaciones que puedan caber dentro del sistema normativo, lo que conlleva por una parte a la necesidad de establecer un sujeto aplicador y, por la otra, la atribución de determinadas facultades para su ejercicio. El desarrollo de las actividades administrativas, por esencia, constituyen funciones estatales que se realizan siempre en ejecución directa e inmediata de la ley y de los fines consagrados en la Constitución Nacional y es allí donde las facultades discrecionales surgen como una atribución que permite elegir la más adecuada medida de satisfacción general que se encuentra legalmente definido pero no determinado respecto de los intereses particulares comprometidos, permitiendo al operador administrativo apelar a juicios lógicos y de argumentación jurídica cuando quiera que se vea enfrentado a casos difíciles o de varias alternativas plausibles de elección; encontrando en las técnicas interpretativas una opción de autocontrol de la actuación administrativa discrecional. (texto tomado de la fuente)