Gendering Migration, Livelihood and Entitlements: migrant women in Canada and the United States (2005)
Desde hace mucho tiempo, los Estados Unidos y Canadá tienen experiencia con la migración a gran escala, y siguen acogiendo a grandes flujos de inmigrantes legales. Las mujeres representan un porcentaje creciente de estos flujos internacionales. En ambos países, la mayoría de los inmigrantes legales son elegibles para la plena ciudadanía, y pueden acceder rápida o automáticamente a derechos políticos y mercados de trabajo, aunque los derechos estratificados son una realidad para los inmigrantes temporales e irregulares, también en el ámbito de la protección social. En el plano formal, las mujeres y los hombres disfrutan de estos derechos en igualdad de condiciones, pero la desigualdad de género persiste tanto en la política gubernamental como en los mercados de trabajo. Asimismo, el marco político y de política establecido recientemente en ambos países está influido por principios ideológicos neoliberales, lo que contribuye a la introducción de cambios en la política de migración, los mercados de trabajo y las prestaciones sociales que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres migrantes ante las desigualdades estructurales. En la primera parte del documento se comparan los regímenes de migración establecidos en ambos países. El número de mujeres inmigrantes está incrementándose tanto en Estados Unidos como en Canadá, aunque la mayoría de ellas sigue dependiendo de los hombres. Los cambios en la política de migración que apoyan cada vez más la admisión de migrantes altamente cualificados han tenido lugar a mayor escala en Canadá; en la actualidad, el número de migrantes en ambos países que pertenecen a categorías “económicas” muy cualificadas supera el número de migrantes que ha llegado a estos países en el marco de categorías humanitarias de reunificación familiar y de asilo a los refugiados. Los requisitos en materia de admisión que ponen de relieve el capital humano perjudican a las mujeres procedentes de países en los que los recursos están principalmente en manos de los hombres. En los Estados Unidos, los migrantes correspondientes a la categoría humanitaria siguen prevaleciendo, aunque la competencia profesional es un medio “encubierto” para que un migrante temporal alcance la categoría de permanente. En el ámbito de las admisiones de refugiados, los cambios introducidos en las normas que rigen la selección de refugiados han fomentado la sensibilidad ante la situación de las mujeres en Canadá, pero el número de personas afectadas sigue siendo poco elevado. En ambos países, el número de migrantes correspondientes a categorías de entrada temporales ha aumentado en el último decenio. Las mujeres están presentes en categorías de entrada temporales que abarcan migrantes tanto muy cualificados como poco cualificados, cuyas perspectivas difieren considerablemente dependiendo de la ubicación del mercado de trabajo. Las iniciativas de política emprendidas en los últimos tiempos en ambos países proponen conceder la categoría temporal a los migrantes irregulares; tales propuestas podrían acercar los regímenes de migración norteamericanos a los modelos europeos del “trabajador invitado”, aun cuando estos modelos hayan demostrado ser insostenibles en Europa. A continuación se examinan los entornos de trabajo. En los Estados Unidos y Canadá, la liberalización de los mercados de trabajo ha reforzado las jerarquías profesionales marcadas por la desigualdad de género, en las que las mujeres inmigrantes están con frecuencia en una situación de desventaja. Aunque las mujeres inmigrantes están presentes entre los trabajadores muy cualificados, inclusive en los países en desarrollo, también están desproporcionadamente presentes en las categorías más bajas de los servicios estratificados, en el sector manufacturero, y el comercio al por menor. Pueden observarse claramente patrones similares en lo que respecta al desempleo, el subempleo, las condiciones de trabajo y los ingresos. Derechos sociales reducidos que enfatizan la prestación de cuidados en la esfera privada brindan numerosas pero precarias oportunidades de empleo, a la vez que incrementan la carga de las mujeres en su propio ámbito familiar. El hecho de que los órganos competentes en la concesión de licencias no reconozcan los títulos adquiridos en el extranjero constituye un gran problema en Canadá, y contribuye a las descualificación y el subdesempleo de las mujeres inmigrantes. En ambos países, la acción afirmativa y la legislación relativa a la igualdad en el empleo que tienen por objeto combatir y rectificar la discriminación en el mercado de trabajo por motivos de raza y sexo se han visto perjudicadas por el compromiso político decreciente, la aplicación limitada de la legislación y un alcance restringido. Los derechos sociales se examinan en la última sección del documento. En el ámbito de los servicios de sentamiento, la devolución y descentralización de los servicios han trasladado la responsabilidad de los gobiernos federales a los gobiernos estatales y provinciales, que en muchos casos se asocian con empresas y organizaciones no gubernamentales. A pesar de los cambios que reconocen la creciente necesidad de las mujeres de recibir educación lingüística en Canadá, los fondos destinados a tales fines no han variado desde mediados del decenio de 1990. Una cuestión que afecta particularmente a las mujeres inmigrantes en lo que respecta a la disminución de los derechos de los inmigrantes es la elegibilidad para recibir una pensión de jubilación. A pesar de que se les otorgan pensiones reducidas, universalmente adjudicadas, a las personas mayores en ambos países; los migrantes que trabajan en el hogar, en los sectores informales, o las personas que llegan al país de acogida en una etapa posterior de su vida, muchas veces no son elegibles para los regímenes de pensión gubernamentales relacionados con el trabajo. La estratificación de las prestaciones sociales es más destacada en los Estados Unidos, en gran parte a consecuencia de dos características del régimen estatal de protección social establecido en este país. La primera es la considerable privatización del sistema de atención de salud, por lo que muchas veces los pobres no están asegurados y dependen únicamente de las prestaciones del programa Medicaid concedidas a personas supeditadas a un tope en los ingresos, o tienen que pagar en efectivo una onerosa atención médica. La segunda característica son los cambios en el ámbito de la asistencia social que niegan el acceso a las prestaciones sociales a las mujeres solteras que no trabajan; que limitan el acceso durante toda la vida a dichas prestaciones a un período de cinco años, y que niegan completamente el acceso a tales prestaciones a los residentes permanentes legales que no han alcanzado la categoría de ciudadanos legales. En ambos países, la degradación de la protección social asociada con el énfasis neoliberal en la austeridad fiscal del gobierno y en una dependencia de la prestación de los servicios en el mercado tiene consecuencias desproporcionadamente negativas en los pobres, en particular en los inmigrantes pobres con un déficit educativo o lingüístico. Combinados con la liberalización de los mercados de trabajo, estos cambios pueden menoscabar el compromiso con los principios de la redistribución económica en América del Norte, y amenazar el bienestar de las mujeres que emigran a estos países.