Las garantías procesales por delitos cometidos sobre mujeres víctimas del desplazamiento forzado (2012)
En una cultura masculina, androcéntrica, centrada en el hombre, en el que este es el punto de partida desde donde se mira y evalúan todas las cosas, la mujer se toma en cuenta en relación a las necesidades y preocupaciones de la clase o grupo dominante masculino. El desplazamiento forzado interno en Colombia, afecta a grandes masas poblacionales. La Corte Constitucional en distintas ocasiones la ha calificado como “un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando como es lógico, por los funcionarios del Estado” ; como “ Un verdadero estado de emergencia social” ; “ una tragedia social que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcara el futuro del país durante las próximas décadas”; y “un serio peligro para la sociedad política colombiana” y por último, un estado de cosas inconstitucional” que “ contraria la racionalidad implícita en el constitucionalismo” al causar “evidente tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidos en el texto fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos”1 En el marco del desplazamiento forzado, existen una multiplicidad de derechos constitucionales afectados, razón por la cual, la jurisprudencia ha dicho que existe la obligación por parte del Estado de otórgales un trato preferente que debe caracterizarse por la prontitud en la atención alas necesidades de estas personas ya que de otra manera “se estaría permitiendo que “la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara y en muchas situaciones, se agravara”2.