Los derechos de las víctimas de discriminación en el procedimiento penal abreviado: ¿avance en garantías fundamentales? (2019)
En desarrollo de su política criminal, el Estado colombiano, como herramienta de descongestión judicial, emitió la Ley 1826 de 2017, por medio de la cual establece el procedimiento penal abreviado; dicho mecanismo incorpora dos elementos esenciales, primero, agilizar el procedimiento y, segundo, aplicar la figura del acusador privado. El legislador definió el ámbito de aplicación de tal procedimiento a partir del bajo nivel de lesividad de las conductas delictivas que se procesan por medio de dicha regulación, así como del interés privado inmerso en los bienes jurídicos que estas protegen. Sin embargo, fueron incluidos algunos delitos investigables de oficio bajo el argumento de la descongestión requerida para el sistema judicial, entre ellos, los delitos de actos de discriminación (art. 134A Código Penal) y de hostigamiento (art. 134B Código Penal) que afectan la dignidad humana, el disfrute pleno de derechos y la inclusión en la sociedad, por lo que no pueden ser calificados como de interés exclusivo de las víctimas ni de menor gravedad. El propósito de la presente investigación es establecer qué tan eficaz resultó la implementación del procedimiento penal abreviado, en punto a los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso de las víctimas afrodescendientes, frente a los delitos de discriminación que contempla el Código Penal colombiano. (texto tomado de la fuente)