La indebida destinación de dineros públicos como causal de la pérdida de investidura ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos (2022)
La potestad sancionatoria del Estado o “Ius Puniendi” es una prerrogativa que se reservan los Estados con el objetivo de sancionar aquellos comportamientos y actuaciones que a su juicio deben prohibirse bajo la amenaza de sancionar su desconocimiento, pues contravienen los principios y valores que sus habitantes consideran primordiales e ineludibles. Así ha sido entendido por la doctrina (Merlano Sierra, 2017, p. 22), al manifestar que “el ius puniendi es la reserva de poder que se arroga el Estado para determinar conductas jurídicamente disvaliosas e imponer las sanciones correspondientes”.