Responsabilidad penal y disciplinaria del estudiante de consultorio jurídico en ejercicio de la acusación privada regulada por La Ley 1826 de 2017 (2018)
La desmonopolización del ejercicio de la acción penal, a través de la incorporación de la acusación privada al ordenamiento jurídico, mediante la que se habilita a la víctima de la conducta ilícita para que por sí misma ejerza la acción penal a través de su apoderado de confianza, que puede ser un abogado titulado o un estudiante de los Consultorios Jurídicos habilitados, en virtud de las disposiciones de la Ley 1826 de 2017, implica para quien asuma la representación judicial del acusador privado, la sujeción al mismo régimen de responsabilidad penal y disciplinaria aplicable a los fiscales en el ejercicio de la acción penal. Razón por la cual desde la perspectiva de los estudiantes de Derecho, en desarrollo de las prácticas de Consultorio Jurídico, es imperioso abordar el análisis del régimen penal y disciplinario aplicable en el desempeño de éstas facultades, propias del ejercicio de la abogacía en el escenario académico, ya que si bien, las instituciones de educación superior cuentan con plena autonomía universitaria para determinar y modificar sus propios estatutos internos, esto no implica el desconocimiento de los preceptos legales y Constitucionales en materia de derecho sancionatorio. A su vez, la aplicación de las disposiciones de la Ley 1826 de 2017, supone el conocimiento del procedimiento abreviado previsto para determinados delitos. Este trabajo se centra en determinar los regímenes de responsabilidad penal y disciplinaria al que están sujetos los estudiantes del Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander, con miras a los estatutos internos de esta institución.