Responsabilidad extracontractual del estado por defectuoso funcionamiento cuando se traten derechos prevalentes. “Una mirada desde el proceso de fijación de cuota alimentaria en Colombia de 2017 al 2022” (2023)
Este proyecto de investigación surge por la falta de credibilidad y confianza en la Administración de Justicia, pues según la encuesta Gallup Poll, “la desfavorabilidad de la justicia llegó al 81%” (Invamer, 2021) y en adición, del estudio de Justicia Como Vamos el cual “reveló que el 42 % de los ciudadanos manifiesta no acudir al sistema de justicia porque se demora mucho en resolver los casos” (Red de Ciudades Cómo Vamos et al., 2021) se puede deducir como consecuencia lógica, la pérdida de legitimidad en la institución de la Justicia. A raíz de la percepción desfavorable de la Administración de Justicia por la tardanza en la solución de controversias jurídicas, emana la necesidad de plantear un mecanismo de carácter constitucional que propenda por la defensa del asociado y el acceso efectivo a la justicia, ya que por el defectuoso funcionamiento de la misma consistente en que se desbordan los límites del plazo legal y razonable en la solución de un caso, es que se tiene una perspectiva negativa de la justicia. La Reparación Directa por defectuoso funcionamiento, es el mecanismo idóneo que puede utilizar un asociado que acudió a la Administración de Justicia y que no ha recibido decisión o esta se ha tardado más allá del plazo legal y razonable; a pesar de que la generalidad es que no existe una Responsabilidad Extracontractual del Estado porque el aparato judicial está sujeto a condiciones internas y externas que le permiten sobrepasar dichos límites, lo cierto es que en materia de derechos prevalentes se debe respetar el término legal y en consecuencia existir la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es por mandato constitucional que se establece este trato preferencial. El defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se traduce en una falla del servicio, que se da porque no se decidió en el término legal un asunto que se llevó a la administración. Pese a que la operación lógico-jurídica indica que al no respetarse el término legal señalado en el ordenamiento jurídico procedería una demanda de reparación directa por ese solo hecho; ello no funciona así pues este mecanismo no solo está sujeto a un término legal, sino que también al que jurisprudencialmente se ha desarrollado (término razonable). Los derechos prevalentes consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, están actualmente sujetos al plazo razonable, esto significa que el Estado no está obedeciendo la propia carta, pues en ella se manda que los derechos de los niños deben prevalecer sobre los derechos de los demás, esto y en razón a que el Estado no está obligado a lo imposible, éste debe hacer lo que esté a su alcance, es por ello que en los asuntos que traten esta materia, los términos de decisión debe sujetarse al término legal, ya que en estricto sentido se debe aplicar el principio de igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales, que en este caso es la prevalencia que manda la Constitución Política.