Derecho a una educación inclusiva y de calidad a los jóvenes en condición de limitación auditiva: análisis sociojurídico a la ley estatutaria 1618 de 2013 (2022)
La educación como derecho fundamental se estableció en la constitución de Colombia en su artículo 67, adicional a esto en el artículo 68 encontramos explícitamente el tema de la educación inclusiva a personas en condición de discapacidad, frente a esto se expresa “la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales son obligaciones del estado”. Sin embargo, nos encontramos con que la definición de inclusión a lo largo de la historia ha tenido varias corrientes que explican que el concepto como tal aplicado en los diferentes países del mundo no conllevan precisamente a “incluir” a la persona en condición de discapacidad dentro de la normalidad socialmente establecida, sino que, por el contrario los esfuerzos realizados demuestran que la participación activa de esta población se da, pero dentro de su mismo círculo social, esto es, que por ejemplo en ámbitos laborales o incluso universitarios aún no se garantizan de manera efectiva derecho a esta población y si existen normas al respecto que regulan la participación de la misma, se podría deducir a partir de estudios realizados que la cantidad de personas en condición de discapacidad auditiva que puede acceder a la educación formal universitaria y desempeñarse de manera efectiva en el ámbito laboral aún es muy baja. Esta problemática se abordará por medio de un análisis a la ley 1618 de 2013, el decreto 1860 de 1994 en cuanto a la estructuración del PEI (proyecto educativo institucional) en la institución de educación básica y secundaria; proponiendo que se pueda integrar el lenguaje de señas dentro del esquema de educación fundamental y obligatoria como mecanismo real de inclusión a personas en esta condición de discapacidad.