Exclusión prueba Ilícita en la diligencia de registro y allanamiento de inmuebles (2019)
En la materia probatoria, además del proceso preferido, el apego a las formalidades y los derechos fundamentales son los factores determinantes de la prueba para decidir en derecho. Razón por la cual no se respeta, existen herramientas legales que rigen para un operador jurídico que rebasa su desviación y como consecuencia, salvaguardar el correcto ejercicio del probatorio. Prueba de que es el artículo 29 constitucional, en el cual se declara la operación de la nulidad del pleno derecho sobre las pruebas que se producen con la transgresión de las garantías y los derechos fundamentales, por lo que debe excluirse del ejercicio procesal. Sin embargo, como toda regla general de exclusión, existen sus excepciones. Por tal razón, el primer objetivo se enfoca en analizar la prueba ilícita en relación al debido proceso, su definición y contexto en el Estado Social Democrático y de Derecho, desde la perspectiva de la garantía de derechos fundamentales como fin último del individuo, pilar angular del neo- constitucionalismo, fenómeno en tendencia de los Estados democráticos .El segundo, se enmarca en determinar el tratamiento de la exclusión probatoria dentro del ordenamiento jurídico penal colombiano y sus excepciones consagradas en el artículo 455 del CPP. Se efectuará una alusión al modelo anglosajón por medio del estudio de las sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Finalmente, en el tercero se analiza el impacto de las precitadas excepciones de la regla de exclusión en las acciones y operaciones llevadas a cabo por agentes policiales en razón al efecto disuasivo que se extraña en la referida disposición. Se ejecuta dicho análisis en la audiencia de registro y allanamiento por la vulnerabilidad de derechos que acarrea su práctica y ya que la regla de exclusión se contempló primigeniamente para evitar arbitrariedades en dicha audiencia. Se concluye que, el populismo punitivo juega un rol primordial en la ilicitud probatoria y su aprobación por medio de las excepciones de la cláusula de exclusión, en donde como lo refiere Monsalve "son un ejemplo de como en el proceso penal se ponen por encima de derechos constitucionales de los imputados valores como la eficiencia en la persecución penal, entendiendo esta como la mayor cantidad de condenas, la aplicación automática de la prisión preventiva y la facilidad con que los organismos que intervienen en la investigación restringen derechos constitucionales" sentando el debate de la discusión por la legitimidad que tiene el Estado para tomar ventaja de su propia ilicitud.