El delito de inasistencia alimentaria: un análisis teleológico de la pena (2019)
La investigación, establecio las consecuencias de la aplicación de la pena privativa de la libertad en el cumplimiento del deber legal de asistir alimentos. Pues en tratandose de la pena privativa de la libertad, se observa un impedimento para la materialización efectiva de los derechos de aquellos que requieren asistencia alimentaria, y se aleja de los fines del sistema penal. Desde el enfoque socio-jurídico, la privación de la libertad de un sujeto que no ha cumplido su deber legal de asistir alimentos, solo genera la re-victimización del sujeto pasivo de la conducta, ya que su situación de desproteccion será más gravosa, y la expectativa de que su derecho se proteja será cada vez menor, generando así mayores condiciones de pobreza y desigualdad. Si se acude ante el sistema judicial, con el fin de que el derecho o bien jurídico tutelado sea protegido, al recluir al sujeto activo, en un centro carcelario, la expectativa de garantías de reparación o de protección de alimentos se hacen prácticamente nulas. Es ahí en donde el el Juez, debe jugar un papel indispensable para reconstruir los diálogos derecho-sociedad, analizando las conveniencias o no de imponer una pena privativa de la libertad al infractor. Desde el punto de vista criminológico, la aplicación de la pena privativa de la libertad en el delito de inasistencia alimentaria, no cumple con la finalidad de la pena de prevención general ni especial, ya que existe un porcentaje considerable en relación con otros delitos, de los reclusos en los principales centros de detención penitenciaria de Bogotá que tienen condenas por este delito, y muchos de ellos son reincidentes. Situaciones que evidencian que los derechos de aquellos que requieren asistencia alimentaria sean agravados por el sistema penal, desconociendo así una de las finalidades de la participación de las víctimas en el proceso penal que es la reparación integral. Por lo anterior, se determino que la aplicación de penas privativas de la libertad y en especial carcelarias, generan tres tipos de consecuencias: la primera de ella es el aumento de las condiciones de inequidad y pobreza en el país; la segunda es que esta pena re-victimiza al sujeto pasivo; y la tercera que su aplicación se aleja de los fines del sistema penal de prevención general y especial. La investigación propone penas alternativas que permitan la construcción del tejido social colombiano desde las familias. Busca proponer un derecho penal alternativo en donde el juez, tenga un rol indispensable para fortalecer los diálogos entre derecho y sociedad. Aplicando penas restaurativas, en donde el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta penal, puedan llegar a una solución efectiva, con una intervención y asistencia estatal constante. De esta manera creo, se puede proteger el bien jurídico tutelado de la familia, orientado desde la salvaguarda de los derechos constitucionalmente reconocidos a los sujetos que requieren de una asistencia alimentaria, por sus condiciones de vulnerabilidad. Buscando una reevaluación de la política criminal actual, y de ese sistema penal rígido que hoy en día se denota en deterioro constante. La reorientación del sistema penal colombiano, en dialogo con la Constitución Política Colombiana y los fines de un Estado Social de Derecho, es una discusión desde la política criminal, que se debe tratar tanto desde el sujeto activo, como desde el sujeto pasivo, ya que la incidencia de las penas privativas de la libertad en este tipo de penas, generan sensaciones de injusticia e ineficacia del derecho. La reclusión, no permite que se proteja o garantice el derecho, que es la finalidad por la cual se busca o se acude al sistema judicial, en este tipo de casos.