El derecho disciplinario como herramienta jurídica para la protección de los derechos humanos y la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia (2020)
La inserción de los tratados internacionales de derechos humanos en Colombia a través del bloque de constitucionalidad, ha evidenciado no solo la responsabilidad de los Estados por incumplimiento a sus obligaciones internacionales, sino que, además ha reconocido al individuo como sujeto de derecho internacional para ser investigado, juzgado y sancionado por graves violaciones a los DDHH e infracción al DIH, generando que se confronte la aplicabilidad del principio de imprescriptibilidad, en contraposición de las normas de derecho interno que codifican la aplicación del instituto procesal de prescripción de la acción disciplinaria. Se acude a lo contenido en los tratados internacionales, efectuándose un análisis de los fallos emitidos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su evolución en la construcción de estándares internacionales sobre la complementariedad del derecho disciplinario en casos de graves violaciones de derechos humanos, a efectos de establecer si los actuales Códigos Disciplinarios por contemplar el fenómeno de la prescripción promueven la impunidad e indefensión de las víctimas. En ese sentido, se concluye que el Estado colombiano en ejercicio del control de convencionalidad ex officio que vincula a todos los poderes y órganos del Estado, y el principio ius cogens, ha introducido en el Código Disciplinario Ordinario y Militar las modificaciones necesarias adaptando sus disposiciones internas conforme al ámbito internacional, que incorpora los derechos de las víctimas de conocer la verdad procesal en su posición central en el orden normativo, conciliando su alcance con los estándares internacionales precisados por la jurisprudencia nacional e internacional, adecuándose al principio contenido en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, creando las herramientas necesarias para que la víctima ostente capacidad jurídica procesal.