Presupuestos políticos y jurídicos para la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia a causa del conflicto armado (2017)
En el presente artículo se abordarán aquellos presupuestos de orden político y jurídico para la reparación integral de las víctimas en Colombia, partiendo del contexto de justicia transnacional por el cual atraviesa nuestro país. Desde la década de 1960, el conflicto armado en Colombia se desarrolla involucrando a dos sujetos principales: por una parte, el Estado a través de sus gobernantes y fuerza pública, y, por otra parte, los grupos alzados en armas. Adicionalmente, en este panorama, se encuentran unos terceros ajenos a las ideologías que originan el conflicto armado y que quizás son los más afectados: la población civil.Por lo tanto, es necesario que, para la protección a la población víctima de desplazamiento forzado, se creen mecanismos políticos y normativos que propendan por la protección de sus derechos, tal como lo establece la Constitución Política y las distintas disposiciones jurisprudenciales; por esta razón, el objetivo de la investigación se enfocó a establecer: cuáles son los presupuestos de orden político y jurídico para que las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, a causa del conflicto armado, logren una reparación integral.Para ello, se analizó, en primer lugar, la naturaleza jurídica que pretende implementar una reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado. Una vez definida la concepción de la reparación integral, se analizaron las posturas que han sido adoptadas desde el manejo jurisprudencial, el punto de vista político y los principales aportes recibidos por organismos judiciales internacionales, con miras a buscar el goce efectivo de los derechos incluyendo la participación de la población víctima de las actuaciones violentas de los grupos armados al margen de la ley.Es por este motivo que el papel del Estado en la reparación de las víctimas, se encamina a aumentar los esfuerzos propensos a la recomposición del tejido social, adoptando medidas efectivas para el resarcimiento del daño causado por un periodo prolongado de violencia, pretendiendo lograr un amparo integral con acceso a la justicia y conocimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos. Así mismo, deberá ofrecer herramientas para que las víctimas desarrollen un nuevo modelo de vida, recuperen su dignidad, superen los traumas de la violencia sistemática y generalizada, con el fin de llegar a una reconciliación nacional.