De los significativos aportes y ambiciosos retos de la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021 al CPACA. La implementación de las tecnologías de la información y cambio de competencias en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra los obstáculos para acceder eficazmente a la Administración de Justicia (2021)
El 25 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 2080 por medio de la cual se reformó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictaron otras disposiciones relacionadas específicamente con la descongestión en el trámite de los medios de control tramitados ante dicha jurisdicción, disposición legal a través de la cual el legislador pretende de manera primordial efectuar la modificación de varios aspectos de naturaleza procesal ajustándolos al uso privilegiado de las denominadas “tecnologías de la información”, como un avance que tanto social como institucionalmente está generando cambios trascendentales a nivel global, y con ello, propender porque el acceso a la justicia y todas las gestiones que allí se ejecuten se tornen no solo más ágiles, sino más efectivas tanto para los usuarios como para quienes se encargan de su administración. La implementación de nuevos conceptos para las entidades públicas y las personas jurídicas del sector privado, como lo son la imperiosidad de crear de una sede electrónica que permita garantizar acceder a los servicios digitales a los ciudadanos facilitando la creación de usuarios en un registro digital gratuito que permita la validación de identidad para adelantar cualquier trámite de manera ágil, oportuna y segura, además, de la ratificación de la notificación electrónica como un mecanismo válido e idóneo para poner en conocimiento de los interesados decisiones de la trascendencia de actos administrativos, y así mismo, lo que deriva que en las decisiones jurisdiccionales se adoptaran dicho tipo de publicidad, como un importante avance introducido de manera novedosa por el Ley 1437 de 2011 y el artículo 291 del Código General del Proceso, lo que sin duda alguna ha propendido por agilizar significativamente el trámite de los procesos. Lo anterior, se acompasa con lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 cuya aparición se justificó nada menos que para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia que azota a la humanidad desde el año anterior y que ha obligado a la búsqueda de nuevas y diversas alternativas para que el usuario pueda acceder efectivamente a la justicia, y cada vez más se distancie de los trámites presenciales que desde siempre han sido los convencionales, también, acompasado con la formación del expediente digital y la recepción y trámite de documentos electrónicos que lo componen y que como se ha observado en la actualidad constituye la nueva faceta de la justicia en Colombia. En consonancia con lo expuesto, el legislador a través de la reforma recientemente entrada en vigencia introdujo unas importantes modificaciones a varias etapas y actuaciones procesales con el indubitable objetivo de materializar la eficiencia, economía y celeridad por la que se deben regir las actuaciones judiciales, de allí que hayan sido moduladas en su esencia figuras de tal trascendencia para el proceso contencioso administrativo como la conciliación extrajudicial, el contenido de la demanda para su admisión, el trámite de las excepciones, la sentencia anticipada, el dictamen pericial, los recursos ordinarios y extraordinarios, entre otros. Para efectos de desarrollar el problema planteado, serán abordados los temas relacionados con la implementación en nuestro ordenamiento jurídico de las herramientas tecnológicas para efectos de acercar al ciudadano al acceso a la Administración de Justicia y a las autoridades estatales en general. De esta manera, se justifica el presente trabajo investigativo al surgir como un interrogante necesario tanto para el operador judicial como el profesional del Derecho que incursiona habitualmente en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en general para cualquier usuario cuestionarse si con la Ley 2080 de 2021 ¿Es posible que se logre el objetivo primordial de descongestionar los despachos judiciales y a la vez garantizar el acceso a la administración de justicia a todos los Colombianos?