La constitucionalización del ambiente, un desafío de responsabilidad patrimonial inherente a la función administrativa del estado colombiano (2019)
El contenido y desarrollo del presente trabajo, propone un nuevo y dinámico contexto del derecho ambiental, integrado por naturaleza al derecho administrativo, constitucional y derecho Público. El Estado colombiano obligado ante la constitucionalización de ambiente, a desarrollar políticas públicas verdes, estrategias de Gobierno que garanticen el verdadero desarrollo sostenible y resiliente, no sólo, a las futuras generaciones, sino a las presentes, garantizando derechos de rango supralegales. No puede concebirse como única fuente del desarrollo económico de un país, a coste de los bienes comunes - recursos naturales -; los recursos naturales pueden ser explotados y administrados, de manera racional, compensatoria, con meridiana certeza científica de los impactos negativos, estudios de impacto ambientalmente cumplibles y sobretodo con conciencia ambiental – mandato constitucional consagrado en los artículos 79 y 80 C.P. -. Presupuestos que deben ser aplicados por iniciativa del propia Estado, pero que han sido integrados al llamado “activismo judicial ambiental”, que integra esferas jurídicas y competencias propias del legislativo y ejecutivo, legislando desde los fallos de las altas cortes y generadores impactos fiscales en el presupuesto Nacional, para salvaguardar los “bienes comunes naturales” - entendido recursos naturales -.