Análisis de la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad en la inversión de recursos por parte de las cajas de compensación familiar. (2021)
La seguridad social puede ser considerada como una de las manifestaciones más relevantes del Estado Social de Derecho, al ser una forma de inclusión social y de reivindicación de la dignidad humana. De antaño, a partir de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a acuñarse el término y la doctrina del “estado de bienestar”, como un modelo estatal y de organización social en el que el Estado es el encargado de proveer servicios y cierto grado de confort a sus ciudadanos, siendo esta una forma de dar cumplimiento o materialización a los derechos sociales que les son propios a las personas. Este modelo estatal ha permeado notoriamente el Estado Social de Derecho adoptado en Colombia mediante la Constitución Política de 1991, a tal punto que puede considerarse como un verdadero deber del Estado, la provisión de las condiciones mínimas y necesarias para el bienestar y la vida digna de la población, encaminado a lograr la existencia de los supuestos requeridos para una convivencia social pacífica. En este sentido, como desarrollo de los postulados del mencionado modelo de Estado, el fortalecimiento de la democracia se ha venido realizando a través de varios mecanismos, entre los cuales encontramos la creación y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social, toda vez que estos constituyen una herramienta para la superación de la desigualdad y la concreción de varios derechos y garantías constitucionales que conllevan en mayor o menor medida a la consecución del bienestar general. En Colombia han sido progresivamente implementados los sistemas de seguridad social en los programas de salud, pensiones, riesgos profesionales y subsidio familiar, los cuales, además, buscan materializar la igualdad social a través de la creación de regímenes subsidiados, de la implementación de programas como el SISBÉN y de la categorización de estos sistemas según los ingresos de los afiliados y beneficiarios. Este proceso hacia la materialización del derecho a la seguridad social, ha sido ejecutado por el Estado de diversas maneras, en busca de una mayor cobertura y efectividad. El Estado ha optado por el desarrollo de los diferentes programas básicamente de tres formas: a través de instituciones y entidades propias, creando “alianzas” con el sector privado o delegando completamente estas actividades a los particulares. Ahora bien, independientemente de la forma en que funcione el sistema de seguridad social, desde el punto de vista económico, la existencia de estos esquemas genera dos consecuencias adversas: por una parte, representan un gasto o sufrago en el que deben incurrir los empleadores o los trabajadores independientes, y de otro lado, constituyen la causa para que los trabajadores y sus familias cuenten con un mínimo grado de bienestar y protección social, existiendo cierta cobertura transitoria incluso para las personas que se encuentren en situación de desempleo. Específicamente en lo que respecta al Sistema del Subsidio Familiar, como uno de los componentes de la Seguridad Social en Colombia, encontramos que ha sido creado como un medio para compensar los gastos en que incurren los trabajadores para el sostenimiento familiar y personal, especialmente considerando los bajos ingresos de sectores determinados y categorizados de esta población.